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El Gobierno de Brasil planteó una demanda económica contra cinco condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 y les exige una reparación de daños contra las sedes de los tres poderes por 56 millones de reales, equivalente a unos 9,7 millones de dólares.
Así lo informó el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU), Jorge Messias, quien anticipó que este es el primer lote de demandas que llevará adelante el Gobierno contra los condenados que financiaron y participaron en los actos en los que se pretendía impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Seguiremos firmes en nuestra misión de reparar los daños causados por los agresores de la democracia y garantizar la integridad de las instituciones», dijo Messias durante su participación en un evento en el Tribunal Superior Electoral, según un comunicado divulgado por la AGU.
Las demandas fueron presentadas en la justicia federal de Brasilia y buscan el pago de los daños al Palacio del Planalto (sede del Gobierno), al Congreso y al Supremo Tribunal Federal cometidos por una multitud seguidora del ex presidente Jair Bolsonaro.
Hasta la fecha 226 seguidores de Bolsonaro que participaron en el intento de golpe fueron condenados, mientras que se encuentran abiertos procesos contra otras 1000 personas.
