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«La mayoría de los apostadores son hombres y las consecuencias recaen en la comida familia», afirmó el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, al anunciar una serie de medidas dirigidas a prevenir y elimina la violencia de género.
Entre esas medidas, destaca la vinculada a la regulación del juego en línea para evitar el impacto social que generan las apuestas digitales.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Lula remarcó: «La mayoría de los apostadores son hombres y las consecuencias recaen en la comida de la familia».
En ese contexto, el mandatario defendió la decisión de avanzar con medidas para restringir los casinos digitales y reforzar el control sobre el sector.
Lula también vinculó la medida con la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables y evitar que las apuestas en línea generen situaciones de endeudamiento o dificultades económicas en los hogares.
El gobierno brasileño viene analizando desde hace meses distintos mecanismos de regulación sobre las plataformas de apuestas digitales, en medio de un fuerte crecimiento del sector en el país.
Os cassinos são proibidos no Brasil. Não faz sentido permitir que os Jogos do Tigrinho entrem nas casas, endividando as famílias pelo celular. Vamos trabalhar unindo o Governo, o Congresso e o Judiciário para que esses cassinos digitais não continuem endividando famílias e… pic.twitter.com/wp1zNSPlyd
— Lula (@LulaOficial) March 8, 2026
Presunción de vulnerabilidad
El presidente Lula da Silva promulgó este domingo una ley que establece la presunción absoluta de vulnerabilidad en casos de violación de menores de 14 años o personas con enfermedades mentales que les impidan tener el discernimiento necesario para el acto.
La nueva legislación modifica el Código Penal para cerrar cualquier margen de interpretación judicial que pudiera atenuar la responsabilidad del agresor.
Con esta medida, se ratifica que el consentimiento de la víctima o su historial previo no tienen validez jurídica si se trata de menores de 14 años o personas incapaces de ofrecer resistencia.
«Con este cambio en nuestro Código Penal, ya no hay lagunas jurídicas que permitan relativizar los hechos, ni posibilidades de que los abusadores intenten eludir las penas alegando, por ejemplo, que las relaciones fueron consentidas o que no dieron lugar a un embarazo», comentó Lula en sus redes sociales.
La ley, que entra en vigor tras la sanción, determina que no existe el consentimiento legal en actos sexuales con menores de 14 años, independientemente de la voluntad expresada por la víctima.
Eso hace que argumentos como la existencia de una relación afectiva previa o la supuesta «experiencia sexual» de la víctima ya no podrán ser utilizados por la defensa para desestimar el carácter delictivo.
Según el Gobierno, el objetivo primordial es unificar el criterio judicial y evitar fallos que relativicen la violencia sexual basándose en el comportamiento o contexto social de la víctima.
El proyecto de ley fue presentado por de la diputada Laura Carneiro y «garantiza una redacción jurídica clara e inequívoca para fortalecer la protección de la dignidad de nuestros niños, evitando interpretaciones que reduzcan la protección a las víctimas», explicó Lula en sus redes sociales.
«Con este cambio en nuestro Código Penal ya no existen resquicios para la relativización ni posibilidad alguna para que los abusadores intenten eludir el castigo alegando, por ejemplo, que las relaciones fueron consentidas o que no dieron lugar a un embarazo», continuó.
Y concluyó: «En el siglo XXI, ya no podemos aceptar este tipo de violencia contra nuestras niñas. Y este cambio es un paso civilizador en la legislación brasileña».
El proyecto cobró urgencia tras la indignación nacional que provocó un fallo de un tribunal en el estado de Minas Gerais, que absolvió a un hombre de 35 años que violó a una niña de 12, bajo el argumento de que ambos mantenían una «relación estable» y que la menor había quedado embarazada fruto de ese vínculo.
La sentencia desató una ola de repudio que provocó la intervención inmediata del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que resultó en la destitución del magistrado y en una orden de investigación policial por presuntos delitos sexuales cometidos por el propio exjuez.
Pacto contra la violencia
El mes pasado, Lula encabezó la firma de un acuerdo histórico entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema para coordinar acciones contra la violencia de género, un flagelo que en Brasil se cobra la vida de cuatro mujeres por día.
“Es inaceptable que las mujeres sigan siendo golpeadas y asesinadas a diario”, afirmó Lula, y llamó a romper la omisión social frente a la violencia machista.
El pacto reconoce que el femicidio es un problema estructural y se compromete a fortalecer las medidas de protección, acelerar respuestas judiciales, ampliar campañas educativas y combatir la impunidad, incluida la violencia digital.
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Otras medidas
En el marco del Pacto Brasil de Enfrentamiento al Feminicidio, se han impulsado acciones para integrar a los tres poderes en el combate a la violencia de género.
- Casas da Mulher Brasileira: Se inauguró una nueva unidad en Macapá (Amapá), completando 12 centros de este tipo en funcionamiento en todo el país. Estos espacios integran atención psicológica, social, jurídica y policial en un solo lugar para evitar la revictimización.
- Expansión de servicios: Desde 2023 se han inaugurado 19 nuevos servicios especializados (incluyendo Centros de Referencia) y otros 50 están en proceso de implementación.
- Ligue 180: Se mantiene y fortalece este servicio gratuito de atención las 24 horas, que en 2025 registró más de un millón de atenciones.
- Políticas de cuidado y educación: El gobierno también avanzó en la agenda de la Política y el Plano Nacional de Cuidados para facilitar la autonomía de las mujeres.
- Cuidotecas: Se anunció la inauguración de diez nuevas Cuidotecas en Institutos Federales. Estos son espacios de cuidado y aprendizaje para niños que permiten que las madres puedan estudiar, trabajar y calificar profesionalmente.
- Educación preventiva: Se están ampliando las alianzas con el Ministerio de Educación para llevar la prevención de la violencia contra la mujer a las escuelas y universidades, promoviendo una cultura de respeto desde la formación inicial.
Las medidas buscan consolidar un país donde las mujeres puedan vivir con dignidad, seguridad y mayores oportunidades, tratando la violencia de género como una violación de derechos humanos que requiere la acción permanente del Estado.
