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El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciará esta semana en forma gradual la operación para expulsar a unos 20.000 garimpeiros, como se conoce a las mafias de la minería ilegal, de la reserva indígena yanomami, donde los pueblos originarios han sufrido muertes por desnutrición y malaria a raíz de la invasión de sus tierras y la contaminación de los ríos amazónicos por mercurio.
Aliados del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), los empresarios buscadores de metales y piedras preciosas avanzaron 46% en sus actividades ilegales en reservas indígenas el año pasado, sobre todo en la Tierra Indígena Yanomami, fronteriza con Venezuela, la más grande del país, con el tamaño de la provincia argentina del Chaco.
El gobierno bolsonarista del estado de Roraima, donde se encuentra la reserva, informó en un comunicado que los primeros garimpeiros comenzaron a abandonar «pacíficamente» el territorio que pertenece al gobierno federal.
Un decreto de Lula de la semana pasada cerró el espacio aéreo con la Fuerza Aérea en virtud que los empresarios de la minería ilegal habían montado pistas de aterrizaje dentro de la reserva indígena, además de ordenar a la Marina el patrullaje de los ríos internos.
El decreto autoriza al derribo de aeronaves que se resistan a salir del espacio aéreo de la reserva, en un intento por «estrangular logísticamente» a los garimpeiros, es decir, dejarlos sin comida ni combustible.
Al menos 570 niños murieron durante los cuatro años de la gestión de Bolsonaro en la tierra indígena yanomami por desnustrición y malaria.
Hay centenares de casos de desnutrición de adultos, sobre todo porque la minería ilegal utiliza mercurio en los rios y arroyos amazónicos, por lo cual Lula decretó la emergencia sanitaria y calificó el viernes, en una entrevista con el canal RedeTV!, de «genocidio» perpetrado por Bolsonaro al caso de los yanomami.
«El gobierno de Lula quiere hacer todo mediante con paz», dijo hoy el ministro de Defensa, José Mucio, al comentar la salida de los primeros garimpeiros de la tierra indígena, mientras que 500 agentes de la Fuerza Nacional comenzarán a llegar a la región selvática del norte brasileño para expulsar a los garimpeiros.
El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, aseguró que se investiga a la mafia de la minería por haber violado derechos humanos de niñas y adolescentes a las que habrían secuestrado para someterlas a la prostitución y la realización de trabajos domésticos en los campamentos.
Almeida informó que se investigan el embarazo de 30 adolescentes indígenas que fueron violadas por garimpeiros.
La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, informó el sábado al visitar Boa Vista, capital de Roraima, que se estima que 20.000 invasores deben ser retirados de la tierra indígena.
El gobierno de Lula acusa al de Bolsonaro de haber eliminado las restricciones para la ocupación ye xplotación económica en las tierras indígenas.
Bolsonaro envió al Congreso una ley para permitir a los indígenas decidir si sus tierras pueden ser explotadas por la industria de la minería.
El 70% de los puestos médicos para atender a los yanomami no fueron cubiertos desde 2019, cuando asumió Bolsonaro, según informó un informe citado por CNN Brasil. El gobierno emitió la emergencia sanitaria en Roraima para permitir una acción el Ministerio de Salud para tratar al pueblo yanomami.
La minería ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña aumentó 1217 % en los últimos 35 años, según un estudio del oficial Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) divulgado la semana pasada.
Casi toda la actividad minera ilegal en la selva amazónica de Brasil, el 95 %, se concentró entre 1985 y 2020 en tierras federales indígenas de los pueblos Kayapó, Munduruku y Yanomami.
Durante su presidencia, Bolsonaro recibió a delegaciones de garimpeiros que pedían el cese de los controles para ejercer la minería en tierras federales.
