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En el marco de la discusión por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en el proyecto de Ley Bases, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich firmó una resolución que habilita a las fuerzas de seguridad para actuar en las provincias donde se desarrollen emprendimientos extractivistas, particularmente las que integran el llamado triángulo del litio, entre las que se cuenta Jujuy. «Esto significa que van a militarizar nuestras provincias», advirtió la abogada Alejandra Cejas.
El Ministerio de Seguridad creó días atrás la Unidad de Seguridad Productiva, con el objetivo de aumentar el despliegue de fuerzas de seguridad en las provincias para blindar las actividades mineras y petrolíferas ante los reclamos y las resistencias ciudadanas.
Con la Resolución 499/2024 firmada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich el pasado 10 de junio, se habilitará una mayor protección a los intereses empresariales de las empresas referidas a Vaca Muerta en Neuquén y las provincias con litio y resistencias sociales, como Jujuy y Catamarca.
De acuerdo al texto de la resolución, las empresas podrán recibir apoyo de esta Unidad de Seguridad Productiva, lo que se decidirá “exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo”. A la hora de actuar, tendrán en cuenta la repercusión de los hechos de inseguridad en el “quehacer racional” y en la opinión pública.
«Esto significa que van a militarizar las provincias del triángulo de litio, incluida Jujuy», advirtió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) la abogada Alejandra Cejas, quien afirmó que «se genera además un estado de excepción para que puedan disponer con tranquilidad de cualquier cosa».
La norma firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich está alineada con el proyecto de Ley Bases, que aún está en debate en el Congreso, donde se contempla la explotación de los recursos y el extractivismo de bienes naturales.
El blindaje a las empresas no será solamente desde el punto de vista de la seguridad sino también en lo jurídico. Ya que el RIGI, además de asegurar reducción de impuestos y facilidades especiales para las inversiones del sector, establece que «sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación».
Sobre este punto, Cejas amplió: «Esto quiere decir que ninguna norma local, legal, provincial, administrativa o judicial podrá ir en contra de las inversiones. Entonces, si se llega a sancionar una ordenanza o una ley provincial, o la justicia local dicta un fallo que contradice los intereses de los inversores, automáticamente la justicia federal va a dictar su nulidad absoluta, porque van a privilegiar los intereses económicos por sobre la población».
«Se puede decir que todo esto ya viene pasando, pero ahora viene de la mano de herramientas legales que por otro lado violentan la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución -continuó-. Ya no somos tan iguales todos. Los que tengan plata van a poder hacer en Jujuy lo que quieran, y va a ser legal».
Para Cejas, «es muy grave». Y sostuvo que «los abogados y abogadas del foro local debemos tener presente qué es lo que se nos está viniendo a Jujuy, sobre todo los que representamos los intereses de la ciudadanía, del pueblo y de los que defendemos».
«La verdad que lo que está pasando es atroz. Es un proceso que viene de la mano de lo que ha pasado en Jujuy con la reforma constitucional y viene de la mano de estos capitales extranjeros que vienen a africanizar más todavía a nuestro país y a Jujuy en particular», comentó.
La abogada adelantó: «Esto no nos beneficia en nada, sino que nos va a restringir derechos, nos va a traer más dolor, porque en definitiva el pueblo siempre es el que termina pagando las consecuencias de estas decisiones de funcionarios que solamente piensan en intereses económicos, personales o no».
A un año de la represión
A un año de las masivas protestas que se produjeron en Jujuy contra la reforma constitucional, que fueron reprimidas brutalmente, Cejas remarcó: «Jujuy ha sido laboratorio de un montón de cosas. Jujuy viene avisándole al país lo que pasa con la derecha, que vienen por nuestros recursos, que vivimos en un estado empresarial, en contraposición con lo que dice nuestra Constitución, que habla desarrollo y crecimiento con justicia social».
«Nosotros estamos en estado de derecha, donde no hay trabajo, no hay adecuación de los salarios a la inflación, no hay posibilidades de crecimiento, salvo que seas de la comidilla del gobierno y familiar de ellos o su socio -continuó-. El resto, estamos condenados a vivir en la pobreza, a no tener derechos y a agachar la cabeza».
-¿Qué reflexión hace hoy de lo que pasó hace un año?
-Creo que fue una de las represiones más duras que ha vivido Jujuy, por lo menos en lo que va a del siglo 21. Se ha utilizado la fuerza estatal para callar, para disciplinar, para violentar a la ciudadanía, gestando causas ilegales, dañando personas, dañando bienes, en un marco de impunidad que la verdad es atroz. Todo para avanzar con una reforma que a todas luces no contaba con el consenso de la ciudadanía.
-¿Qué consecuencias cree que tuvo todo lo que pasó?
-Las secuelas se mantienen, algunas intactas, y las cicatrices que dejó no cesan. Siguen abiertas las heridas. Los procesos siguen todos abiertos, planteando que fueron los ciudadanos los que generaron estragos y hechos de violencia, cuando en realidad todos hemos visto lo que sucedía en los medios de comunicación. Gracias a Dios que había medios nacionales que filmaron y dejaron constancia. Es lo mismo que acabamos de ver en estos días en Buenos Aires: grupos infiltrados actuando en contra del pueblo de Jujuy, disparando, lanzando gases, piedras, para justificar lo que estaba pasando en la legislatura de Jujuy.
