Macedo indicó que “en primer lugar se debe resaltar que el transporte ilegal produce un profundo disvalor en toda la cadena, esto alcanza a los pasajeros de las unidades fuera de regla, en cuestiones como el cumplimiento de normas básicas de seguridad e higiene, falta de cobertura del seguro, etc.».
Agregó que «se genera competencia desleal respecto de las empresas y personas que han invertido en las líneas de transporte regular, de los taxistas y remiseros que se inscriben y pagan sus licencias e impuestos, se aseguran como corresponde y cumplen las normativas vigentes».
Advirtió que esto también «implica un grave riesgo para los mismos choferes y titulares de estos vehículos que prestan un servicio irregular, porque no contarán con la cobertura del seguro en caso de ocurrir un siniestro, cuyas consecuencias deberán afrontar con dinero de su bolsillo».
«Necesitamos establecer un marco de reglas claras, creemos que de ese modo lograremos múltiples beneficios para todos los actores», completó.
Por otra parte, destacó dos instancias fundamentales dentro del proceso descripto, subrayando que “estamos iniciando los primeros pasos acercándonos y realizando un censo para tener un dato certero sobre la cantidad de vehículos de estas características que circulan por las rutas jujeñas».
Calificó de «muy importante» la coordinación con los municipios, «ya que ellos cuentan con información certera al respecto». «Debemos desde el gobierno provincial lograr que el número de vehículos sea acorde a las necesidades del servicio y proporcional a los habitantes de las distintas localidades, a fin de garantir el bien común», argumentó el Secretario.
Asimismo, recalcó que «la habilitación de unidades no puede traducirse en un gesto irresponsable» y agregó que «sea cual fuere el número de unidades que se habilite, tenemos clara la necesidad de congelar la población de taxis de este tipo para poder trabajar en la regularización y coordinación sobre esta base segura para todos».
Respecto de las condiciones que deben cumplir los choferes y los vehículos, precisó que «todos deben encuadrarse en la normativa vigente, verificación técnica vehicular, carnet de conductor profesional, seguro para transporte de pasajeros, condiciones de higiene, seguridad y desinfección, etc.» y afirmó que «nuestro objetivo es reglamentar la actividad, logrando que los choferes puedan acceder a una obra social y demás beneficios que trae consigo el trabajo legal, hoy esta actividad es una «changa» y queremos revertir esta realidad».
En referencia a la competencia desleal que denuncian los servicios habilitados, Macedo puntualizó que “tenemos que reglamentar paradas para este tipo de servicios, para proponer reglas de competencia leal» y observó que un servicio interjurisdiccional «no puede ser ´puerta a puerta´, por eso luego de censarlos, debemos distinguir circuitos, paradas y colores u otros signos de identificación, para facilitar el trabajo de todos y el control por la autoridad de aplicación».