La Ley 24.417, en su artículo primero, expresa que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar puede denunciar estos hechos ante un juez, entendiendo como grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.
Sin embargo esta Ley, sancionada en 1994, no contempla relaciones de noviazgos o parejas que, en la actualidad, en muchos casos son foco de situaciones violentas.
Fellner expresó que “con esta modificación se busca abrir el abanico de legitimados activos en casos de violencia familiar, incorporando el concepto de novio o pareja por el simple lazo de cercanía que los une, es decir, por su vínculo interpersonal” y agregó que “en la actualidad, en muchas parejas o noviazgos se viven situaciones violentas, y quedan por fuera del marco de esta Ley, por el simple hecho de no estar casados o no convivir”.
“Incorporando estas relaciones al marco de la Ley 24.417, se otorgan herramientas cautelares como ser la restricción perimetral, prohibición de contacto, medidas de asistencia médica y psicológica, consigna policial, que brindan una rápida protección para que cese la conducta violenta”, expresó la autora del proyecto.
Pérdida definitiva de la patria potestad en los casos de femicidio
Por otra parte, la legisladora nacional por Jujuy, presentó un proyecto para privar, de forma definitiva, la patria potestad de los padres condenados por femicidio, o femicidio en grado de tentativa.
“La patria potestad debe ser ejercida teniendo en cuenta primordialmente el interés y los derechos del niño, es por ello que en los casos de femicidio, es inconcebible que el niño tenga que vivir con la persona que asesinó a su madre”.
Por último, Fellner expresó que “es importante que miremos a las verdaderas víctimas de estas situaciones, y preservemos los derechos de los niños por encima de sus progenitores. Dejar al niño en manos del asesino de su madre, por el sólo hecho de que éste sea su padre, es una aberración que la interpretación del derecho no debe legitimar”.