El ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, relató en diálogo con El Submarino radio (91.5) cómo fue el proceso de venta del ingenio La Esperanza, y defendió la salida que hoy está ofreciendo el gobierno a los más de 300 trabajadores que se quedan afuera. «Esta es la salida, no hay otra. Y si hay otra, que me la digan», afirmó, y aseguró que los empleados que opten por recibir la indemnización tendrán la prioridad para entrar a trabajar cuando el complejo requiera nueva mano de obra, luego de la esperada recuperación bajo la administración del Grupo Omega.
-¿Cómo evalúan desde el gobierno la situación con los trabajadores del Ingenio La Esperanza?
-Para nosotros, el tema del Ingenio La Esperanza fue, ni bien asumimos, uno de los más importantes, por no decir el más importante. Había que institucionalizarlo. Lo primero que se hizo fue formalizar a través de una ley el tema del avenimiento y dar la garantía de que no se iba a avanzar con el proceso de quiebra, para darles tranquilidad a los trabajadores. Porque todos saben lo que significa la quiebra: la liquidación lisa y llana de la empresa, y el despido sin ningún tipo de indemnización. La ley 5929 fijaba la responsabilidad del estado para regir los destinos del ingenio hasta la venta, que es lo que se vino dando.
-¿Cómo fue ese proceso?
-Bueno, en ese proceso han pasado muchas cosas. En estos casi dos años de gestión el estado provincial se hizo responsable de los salarios, los acuerdos, los aumentos, el aguinaldo, con mucho esfuerzo. El gremio y los trabajadores sabían por el análisis contable que la institución no era redituable, porque son más los costos que los ingresos. Entonces había que buscar la forma de concretar la venta. Pero todos los que quieren poner el dinero exigen condiciones, que son tener una empresa rentable o con equilibrio económico, que los ingresos sirvan para pagar los costos, incluidos los salarios. Entre los pocos que se presentaron estaba este grupo colombiano, que administra pozos petroleros y otras empresas azucareras, por todo el mundo. En fin, es un grupo que tiene empresas que son redituables, como se vio en la presentación que hicieron de sus antecedentes.
-¿El ingenio ya se vendió? ¿O falta la última palabra del juez de la quiebra?
-Sí, sí, la venta ya está firmada. Tiene que dar el consentimiento el juez de la quiebra, pero seguramente eso va a suceder en estos días, hoy o mañana. Todo el procedimiento se va informando al juez de la quiebra, que es el que en definitiva tiene que dar la bendición, pero el que inicia el proceso es el responsable por ley, que es la administración del ingenio, el estado provincial.
-Entonces quiere decir que el grupo Omega ya compró el ingenio.
-Sí, ya firmó.
-¿Puso la plata?
-Una vez que firme el juez de quiebra, se pone el dinero. Y ese dinero tiene que ir a la quiebra para que el juez haga uso del dinero para pagar a todos los acreedores.
-¿Está previsto que paguen activos y pasivos? El sindicato dice que hay una deuda de 130 millones de pesos con la obra social.
-Desconozco. Eso lo tiene el juez de la quiebra. Yo creo que se tiene que pagar toda la deuda. Se está haciendo un trabajo muy exhaustivo. Hay otra cosa. No sé si ustedes saben que hay más de 1600 inmuebles del ingenio en la provincia, no solo en La Esperanza sino en el Arrayanal, en Rodeito, en San Pedro, que se tienen que vender. Y están las casas de los empleados, que seguramente van a seguir siendo de ellos, porque no se va a avanzar sobre eso. Es un trabajo que va a llevar bastante tiempo, y ahora se está haciendo el análisis de todo esto.
-¿Los empresarios pusieron como condición la cantidad de empleados o hay otras condiciones?
-No, esas son las condiciones rentables. Hay un informe técnico que han hecho ellos mismos con gente de la administración. Se habla de despidos, pero no son despidos, porque acá se da garantías de que pasen a la administración pública provincial, más 120 mil pesos o un hábitat con un terreno. Esa es la decisión que tiene que tomar cada uno de los que está involucrado, que han sido notificados en estos días.
-¿Cuáles son exactamente las opciones?
-Hay un grupo de más o menos 150 que están en edad de jubilarse y que no lo hicieron en su momento. Ahora tienen que jubilarse. Después hay 300 que tienen que hacer uso de las opciones: pasar a planta permanente en el estado provincial, recibir más 120 mil pesos, un terreno con un hábitat, o aceptar la indemnización que fija por ley.
-¿Cuál es la indemnización? ¿Se reconocen todos los años de antigüedad?
-Claro, es la indemnización que fija la ley en el artículo 247.
-¿En algún momento se reunirán con el gremio? Porque ellos dicen que no les abrieron el diálogo.
-Nos vamos a reunir. Ellos hoy hicieron una marcha, pero nosotros los vamos a convocar para sentarnos y por supuesto informarles lo que ya saben, interiorizarlos un poco más en varios temas. Hay un reclamo de ellos que creo que no va a ser una dificultad, que es el de incluir en el convenio que una vez que se abran las nuevas plantas de papel, de bioetanol, de biocombustible, que van a generar nuevos puestos de trabajo, que tengan la prioridad los que hayan hecho uso de la indemnización.
-Por un lado el gobierno provincial dice que el pacto fiscal implica no aumentar la planta del estado. Por otro lado, les ofrecen puestos estatales a los trabajadores de La Esperanza. ¿No hay una contradicción?
-No, al contrario. Lo que se firma con el pacto fiscal es el tema de las deudas que se tienen con el estado nacional, y la forma de pago. Y el estado pide que haya un ajuste en las cuentas. Pero la manera en que lo hagamos depende de nosotros. Acá estamos dando primero una solución al tema de La Esperanza, para evitar el costo social, más allá de lo que diga el pacto fiscal. La gente tiene la posibilidad de tener la cobertura que le da un estado que no se olvida de ellos y que les da la posibilidad de que puedan seguir trabajando con estabilidad, con un sueldo que quizás sea un poco más bajo de lo que cobran en el ingenio, pero nos da la posibilidad de que una vez por todas el ingenio arranque. Porque nos estamos olvidando de lo más importante: se ha firmado una garantía de inversión de 350 millones de dólares para la provincia y la región, aplicable en 4 años, y esto nos va a dar la posibilidad de generar mano de obra. Seguramente toda esta gente que hoy está quizás optando por la indemnización va a tener la posibilidad mañana de poder insertarse nuevamente en otro trabajo en la región. A eso propendemos.
-Toda esta situación me hace acordar a los años 90. Hay 300 trabajadores que se van, y la empresa va agarrar un complejo agroindustrial en condiciones mucho mejores a la que estaban esperando…
-Bueno, pero esta es la salida, no hay otra. Y si hay otra, que me la digan. El estado no puede seguir manteniendo esto, porque también hay una obligación. ¿Qué les decimos a los empleados de la administración pública? Esta es una empresa privada a la que el estado le ha venido dando una ayuda, porque son jujeños, porque nos interesa que crezca el sector de producción de azúcar, que se recupere. Pero también tenemos otras obligaciones, y el dinero sale de la misma caja. A mí me ha costado reunirme, he sentido el reclamo de trabajadores de distintos sectores que me dicen “este dinero lo podemos invertir con los empleados de la administración pública, no con los del sector privado”. Lo que buscamos es que los beneficiarios sean la región y los trabajadores, a eso apuntamos.