La 22ª edición de la Feria del Libro de Jujuy uso en evidencia la contradicción que habita el Cabildo Histórico: un espacio de memoria vaciado por una gestión provincial que hoy tiene a exfuncionarios imputados por destruir el sitio histórico. Desde el escenario principal de la Feria, la agrupación H.I.J.O.S. y otros referentes de derechos humanos alzaron sus voces para recordar que allí donde el gobierno promueve esparcimiento y turismo, funcionó el centro clandestino de detención más neurálgico de la provincia.
El Cabildo Histórico de Jujuy luce hoy impecable bajo su fachada renovada. Se presenta ante los turistas como un moderno polo de esparcimiento y recreación cultural. Sin embargo, para los organismos de derechos humanos, esta remodelación estética encarada por el poder político provincial representa una ofensa y una operación deliberada de olvido: la destrucción material y el vaciamiento del sitio de memoria que albergó el centro clandestino de detención y tortura Comando Radioeléctrico durante la última dictadura militar (1976-1983).
Bajo esa tensión se desarrolló la 22ª Feria del Libro de Jujuy 2026. Lejos de alinearse con el relato oficial de «neutralidad» y consumo del predio, los organizadores incluyeron en la programación una serie de actividades en las que el conflicto histórico y la denuncia judicial volvieron a ocupar el centro de la escena.
Gracias a esta apertura, las voces de las víctimas y de los militantes impidieron que el horror de la dictadura fuera sepultado bajo el asfalto del entretenimiento.
‘No podés ir a caretearla’
Durante la presentación del libro «Lo imposible solo tarda un poco más», una compilación de 30 autores editada por Malasia que recorre la historia de la organización H.I.J.O.S. Jujuy, su referente Eva Arroyo advirtió sobre la gravedad de realizar actividades culturales en un espacio físico que sufrió un proceso de destrucción sistemática por parte del propio Estado provincial.
«Agradezco profundamente a la gente que organizó la Feria del Libro, porque nos dieron un lugar central, el escenario más grande en la Plaza de la Memoria. Llenamos ese espacio con las fotos de las nuestras y de los nuestros. En honor y con coherencia a ellos, había que decir qué pasaba en este lugar. Y nosotros, si hay algo que no hacemos, es dibujarla. No podés ir a caretearla ahí, porque estás en un sitio», afirmó Arroyo en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
La presentación del libro también contó con la participación de las actrices Nadia Ruge y Fabiola Quintero, quienes en una performance de 10 minutos interpelaron directamente al público sobre el pasado del edificio donde estaban parados. «Hablaron del sitio donde estábamos, porque este era el centro clandestino neurálgico», recordó Arroyo, señalando que la memoria debe ponerse en acto y no maquillarse para el consumo público.
La causa judicial por la destrucción del sitio
El debate de la feria no se limitó a la teoría. Se expuso además que la remodelación del Cabildo constituye un delito que hoy se encuentra judicializado. El gobierno provincial avanzó sobre la estructura, demoliendo calabozos y sectores históricos, antes de consensuar cualquier plan con las organizaciones de víctimas.
Arroyo rememoró la impunidad con la que se manejó la reconversión del edificio: «En el 2012 fue el primer juicio de lesa humanidad en Jujuy. Fue muy triste ver cómo fueron manipulando las cosas. Desde H.I.J.O.S. juntamos plata que no teníamos y pagamos un proyecto con un arquitecto para preservar el espacio. Lo presentamos ante las autoridades en el ministerio, lo discutimos, y a los dos días iban y demolían otra parte. Fue una cosa aberrante y un maltrato devastador».
Esta demolición material de la prueba judicial y del patrimonio histórico motivó una denuncia penal de los organismos que derivó en un hecho sin precedentes en la justicia argentina. Actualmente, el fiscal federal Federico Zurueta imputó a exfuncionarios y funcionarios, entre ellos, el exgobernador Gerardo Morales, el ministro de Infraestructura Carlos Stanic, el director de Arquitectura Horacio Calsina, y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Marcela Infante.
Todos ellos están acusados del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por violación de la Ley de Sitios, una normativa a nivel nacional que garantiza la preservación, señalización y conservación de los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado en la última dictadura militar.
«A nivel país solo hay una denuncia penal previa sobre un sitio (La Casa de los Murciélagos); esta es la primera vez que se imputa penalmente a funcionarios por la destrucción de un sitio de memoria», remarcó Arroyo, y explicó que ahora la jueza federal Carina Gregoraschuk debe llamar a indagatoria a los acusados.
Y advirtió: «Vamos a ver cuánto de imparcial es esta justicia federal, en un contexto nacional que avala estas irregularidades y ante un Poder Judicial históricamente lábil».
La resistencia de las ideas
A pesar de los intentos oficiales por vaciar de memoria al propio Cabildo, la grilla del festival se transformó en un contrapeso de discusión histórica y social a través de varias actividades dedicadas a la temática.
El panel «Memorias marginales, política económica, complicidad empresarial y vida intelectual», con Benito Carlos Aramayo, Josefina Mamaní, Delia Maisel, el grupo Tojra y Reynaldo Castro, propuso la incómoda discusión sobre los sectores económicos y civiles que sostuvieron el aparato represivo en el norte de la Argentina durante la última dictadura.
En el mismo sentido, la charla de Reynaldo Castro sobre la biografía de Andrés Fidalgo desnudó las redes de inteligencia y represión intelectual en la provincia. Y la literatura de la dictadura se abordó en charlas debate a cargo de la profesora Sara María Argüello y el ingeniero Rodolfo Quiroga, quienes rescataron el legado de Libertad Demitrópulos, José Murillo, Héctor Tizón y los hermanos Fidalgo.
Asimismo, la presentación en el Teatro Mitre de la emblemática obra «76», del historiador Felipe Pigna, puso en escena el análisis historiográfico del año en que comenzó la dictadura.
Incluso el arte corporal y el teatro le dieron espacio a las ausencias. La Fundación La Mar en Coche presentó la obra «Caminando el recuerdo», basada rigurosamente en el testimonio de María Eva Arroyo; los estudiantes de la Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra intervinieron el festival con «Paisajes», evocando con sus cuerpos «voces que proclaman ecos de una ausencia», mientras que el Grupo A.D.N. sacudió a los adolescentes con su obra teatral «Desaparecí dos veces».
Y el colectivo Bordando Memoria protagonizó un encuentro, en este caso en el espacio CAJA, en el que se exhibieron los paños bordados con los nombres de los detenidos-desaparecidos de la provincia de Jujuy. Las integrantes del colectivo repartieron pequeños libros elaborados en telas bordadas con textos y consignas, a partir de los cuales se abrió la participación de los asistentes.
Tres décadas de lucha y una posta
Para los organismos de derechos humanos de Jujuy, el conflicto del Cabildo pone en evidencia que la lucha por la memoria debe ser activa y permanente. «H.I.J.O.S. nació en el año 1995, en medio de las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final. Cuando recién nos constituimos, nos decían que no íbamos a durar mucho. Hoy estamos a tres décadas y un año en pie», enfatizó Arroyo, destacando el rol de la organización en un momento en que las Madres, Abuelas y expresos políticos ya están muy mayores.
Para la referente, el horizonte de los derechos humanos en Jujuy excede largamente las paredes del Cabildo y debe ser transversal a toda la sociedad: «Quiero el sitio de memoria, pero también quiero que el laburante tenga comida en su mesa, queremos la igualdad en los derechos de las mujeres, un hospital público, educación y el ascenso social en la universidad. La función de un organismo de derechos humanos es demandar el pleno ejercicio de los derechos en cualquier contexto y ante cualquier signo político».
La realización de la Feria del Libro en el Cabildo de Jujuy dejó expuesta la herida abierta de la provincia: por un lado, una gestión que pretende sepultar la historia bajo baldosas turísticas; por el otro, una comunidad cultural y de derechos humanos que se niega a «dibujar» la realidad, recordando que bajo los arcos coloniales del Cabildo aún se respira un reclamo de Memoria, Verdad y Justicia que la pintura blanca no puede tapar.
Crímenes de lesa arquitectura: La destrucción de pruebas en el Cabildo de Jujuy