Los salarios en el ámbito de la educación superior pública registran una pérdida del 32% en su poder adquisitivo en lo que va de la actual gestión nacional. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las remuneraciones han caído a su nivel más bajo de los últimos 23 años, situándose en uno de los puntos más críticos desde el retorno de la democracia.
Esta situación se desarrolla en un contexto de fuerte ajuste presupuestario, donde las transferencias a las universidades nacionales muestran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Debido a que los sueldos representan casi el 88% de las partidas destinadas a la educación superior, el recorte impacta de manera directa en el sostenimiento del sistema.
La brecha entre inflación y haberes
El deterioro salarial responde a una marcada diferencia entre la actualización de los haberes y el índice de precios. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios aumentaron un 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 280%.
Esta dinámica equivale a la pérdida de aproximadamente siete salarios mensuales si se toma como base el sueldo de finales de 2023. De acuerdo con los cálculos del CIN, para recuperar la capacidad de compra previa a la asunción del actual gobierno, los salarios deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de este año.
Cronograma de paros y marcha federal
Ante la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios del sector han profundizado su plan de lucha. Se anunció un paro total de actividades en todas las casas de estudios del país desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo.
Asimismo, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y el resto de las organizaciones sindicales convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 de mayo. Las medidas de fuerza buscan frenar el proyecto oficial de una nueva ley de financiamiento que, según advierten desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, consolidaría un presupuesto un 31,4% menor al que exige la normativa actual.
