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En una reunión que mantuvo este martes con dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la ministra de Educación, Isolda Calsina, les informó que por decisión política del gobierno de Jujuy no se pagarán los sueldos de los trabajadores precarizados de ese sector y que se terminarán esos contratos.
Se trata de cerca de 700 trabajadores de distintos programas y servicios, que quedaron así fuera del sistema, sin trabajo, por ser afiliados a ATE.
Con esa noticia fueron los dirigentes a los que esperaban en la plaza Belgrano el fin de esa reunión, que se desarrolló en la Casa de Gobierno.
Matías Brizuela, titular de ATE, advirtió: «Siguen los despidos y la persecución, lo cual agudiza la crisis social ya que deja en la calle a cientos de trabajadores y sus familias, sin que se les cuestione sus tareas laborales sino solo haber elegido afiliarse a un sindicato”.
En un comunicado, el sindicato selaró: “Las consecuencias de este acto de discriminación en que incurre el gobierno lleva a que los trabajadores resuelvan acciones legales y administrativas ante organismos internacionales, nacionales y provinciales por práctica antisindical, y la agudización de la protesta, porque ya se está hablando de la nacionalización del conflicto por el autoritarismo del gobierno provincial”.
