Denuncian extorsión y discriminación por parte de la ministra de Educación, Isolda Calsina, al suspender los contratos de más de 700 trabajadores por ser afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Se trata de capacitadores en oficios con salida laboral que, mediante talleres gratuitos, aportaban sus saberes a la formación de artesanos, carpinteros, albañiles, soldadores, informáticos, gastronómicos, pasteleros, y pintores, entre otros.
«Con estos despidos, sumados a la persecución gremial a los trabajadores de ATE, el gobierno de Gerardo Morales pretende ocultar la hipocresía de las políticas públicas de empleo en la provincia, que se basan en la precariedad laboral de los capacitadores e instructores, al tratarse de una forma de contratación fraudulenta que lleva adelante el Estado provincial, al pretender pagar a los trabajadores como capacitadores, pero haciéndoles cumplir además funciones como administrativos, enfermeros, porteros, preceptores», indicó el sindicato en un comunicado.
En este sentido, ATE advierte que «no solo continuará en la lucha por los derechos de los trabajadores mediante acciones gremiales, sino a través de la acción judicial, denunciando a los funcionarios y al Estado provincial por violar los derechos a la libertad sindical de los trabajadores, a la vez que la vulneración flagrante de un derecho humano fundamental como el derecho que tiene toda persona a no ser discriminados y a tener un trato igualitario».