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Por Irina Hauser, en Página/12. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tendrá que declarar como testigo por las 59 llamadas que intercambió con el operador judicial Fabián Rodríguez Simón y que fueron detectadas como parte de la causa en la que Pepín está imputado por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, la misma por la que no quiere volver de Uruguay.
La citación, para el 26 de agosto, fue decidida por la jueza María Servini y expondrá al juez supremo a explicar bajo juramento de verdad las comunicaciones en pleno gobierno de Cambiemos con quien fue uno de los grandes estrategas de la masa judicial macrista. Por su cargo, tendrá la posibilidad de declarar por escrito.
Servini dictó también el primer procesamiento en este expediente y es contra Sebastián Paladino, exsubidrector de Recaudación de la AFIP. Le atribuyó el delito de abuso de autoridad por haber creado una herramienta informática para controlar específicamente a las empresas de Cristóbal López y Fabián de Sousa, a las que se impusieron restricciones y exigencias impositivas diferenciadas con el objetivo de presionarlos e incluso desapoderarlos de los medios de comunicación de los que son propietarios, como C5N y Radio10. Esa es la hipótesis que guía la causa, según la cual se usaron dependencias públicas con fines privados.
El entrecruzamiento de llamados fue confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y abarcó desde enero de 2016 hasta fin de agosto de 2019. El análisis de contactos de Rodríguez Simón incluyó 10.738 llamadas.
El primer efecto que provocó el resultado fue la citación a indagatoria en marzo último de Pepín, a quien la jueza le atribuye un papel central en las presiones a López y De Sousa. Pero Rodríguez Simón, pese a que había sacado un pasaje para volver en Buquebús el 15 de mayo, decidió no regresar y pidió que Uruguay lo reconozca como «refugiado político», argumentando que es un perseguido político. La semana pasada se conoció que la Comisión de Refugiados (CORE) uruguaya rechazó darle ese estatus y ahora deberá decidir la jueza Adriana Chamsarian si lo reconoce como refugiado -algo que con el dictamen previo de la CORE sería extraño- o si avanza con su proceso de extradición, tal como pidió Servini, quien ordenó su captura y lo declaró rebelde.
Mientras tanto, Servini avanzó con la causa y, entre las indagatorias que tomó, estuvo la del ex titular de la AFIP Alberto Abad. Mauricio Macri, José Torello, Mario Quintana, Leandro Cuccioli, Ignacio Rosner y Orlando Terranova también están imputados, entre otros.
A Rosenkrantz la citación lo agarra en medio de la pulseada por quién se quedará con la presidencia de la Corte, algo que se define este año, al vencerse su mandato, y posiblemente sea después de las PASO. Por lo pronto, los tres nombres en pugna son el suyo, el de Ricardo Lorenzetti y el de Horacio Rosatti. Un dato relevante es que el máximo tribunal no fue ajeno a decisiones sobre el Grupo Indalo, ya que intervino, por ejemplo, para declarar la nulidad del concurso preventivo de Oil Combustibles a pedido de la AFIP macrista en noviembre de 2017.
AFIP, Oil
Del procesamiento de Paladino se deduce que las responsabilidades penales recién empiezan a definirse. Sobre este exfuncionario del ente recaudador la jueza sostuvo: «La conducta de Paladino lejos está de ser considerada un acto ‘neutral’ sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes. Para nada se está reprochando las facultades que la AFIP tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios», dice el fallo de Servini al que accedió Página/12.
Explica que una de las conductas claves por las que se lo responsabiliza es que «ordenó» entre mediados y fines de marzo de 2016, «la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico Grupo Indalo».
O sea, no se usaba «un criterio objetivo, ni una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su pertenencia al grupo económico indicado».
El texto repasa qué es lo que se investiga: «Diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional».
La persecución denunciada empezó el 25 de octubre de 2015 en una conversación que Cristóbal López relató haber tenido con Mauricio Macri y de la que dio detalles tiempo atrás a la jueza: «Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró», fue parte del testimonio del empresario.
López también detalló encuentros con Rodríguez Simón, donde la excusa era reclamarle impuestos por el negocio del juego en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que un día le anunció: «empezó la guerra». Ahí comenzó la publicación de notas en el diario La Nación que anunciaban que debían impuestos (a los combustibles líquidos) de Oil Combustibles y serían embargados. Por esa causa estuvieron presos López y De Sousa. En medio del juicio un peritaje de la Corte desmintió que hubiera una deuda exigible. La denuncia que dio origen a la investigación de Servini fue presentada cuando aún los empresarios estaban detenidos.
El supremo
La vieja relación de Rodríguez Simón y Rosenkrantz, hombre de origen radical y muy afín al macrismo, es conocida. Más allá de que coincidieron en sus tiempos de estudiantes de Derecho, Pepín fue el ideólogo de su designación y la de Rosatti en la Corte a través de un decreto, aunque la presión luego llevó a que debieran pasar por el Senado. El propio Macri lo contó públicamente.
A fin de marzo de 2019, Ronsenkrantz fue fotografiado en la fiesta de casamiento de la hija de Pepín, donde casi al lado estaba sentada la «mesa judicial» casi en pleno. La imagen fue revelada por esta cronista. La fiesta fue en una estancia de San Antonio de Areco. El episodio generó una hecatombe dentro del tribunal.
Ronsenkrantz deberá declarar sobre las llamadas con el operador judicial estrella. Lo que llama la atención es la cantidad de comunicaciones directas entre ellos en plena época de despliegue de la mesa judicial y sus operaciones. A las 59 llamadas entre ambos hay que sumar otras 38 del socio de Rosenkrantz en su estudio jurídico, Gabriel Bouzat, también con Pepín.
Un día después de que Rosenkrantz jurara como miembro de la Corte, el Centro de Información Judicial (que depende del tribunal) informó: «La Corte frenó el avance del concurso preventivo iniciado ante un juez de Chubut por Cristóbal López respecto de su empresa Oil Combustibles». El flamante supremo ahí no firmó pero sí lo hizo en 2017 con la anulación del concurso.
La semana del 13 de marzo de aquel año, cuando la AFIP interpuso el recurso extraordinario, Pepín activó llamados, entre otros con Rosenkrantz, con Abad, con el entonces ministro Germán Garavano (con quien se detectaron 120) y con Torello (con quien tuvo 22). En julio, la Corte pidió el expediente, también llamados con Pepín mediante. Para 2018 estaba allanado el camino para la quiebra.
Servini pidió cuatro testimoniales más: el 12 y 25 de agosto a los hermanos Evaristo y Juan Manuel Sánchez Córdoba (ambos accionistas del Banco Finansur con López y De Sousa); el 29 de septiembre a María Dolores Pujol (ex titular de Lotería de CABA), y el 30 de septiembre a Andrés Ballota (ex titular de Agip). Es probable que después de las PASO haya más llamados a indagatoria.
