La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo hoy que el fallo Muiña que dispuso el 2×1 para ex represores «desnudó un profundo cinismo» por parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al sostener que esa decisión «favoreció a los responsables de los crímenes más atroces».
El CELS y Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia de Mauricio Macri, pidieron reprogramar la citación, que estaba prevista para hoy. Tampoco se presentó el abogado porteño, Marcelo Masseo, quien aparece en los chats entre el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en el que se filtraron conversaciones relacionadas al viaje que se realizó al Lago Escondido, en la estancia del magnate británico Joe Lewis.
Carlotto fue citada por la comisión de Juicio Político de la cámara baja, que preside Carolina Gaillard, para exponer ante los diputados sobre las consecuencias de la medida adoptada por la Corte Suprema de Justicia dictada en 2017, en el marco del proceso iniciado por ese cuerpo para analizar conducta de los integrantes del máximo tribunal.
Durante la reunión, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo leyó un escrito de varias páginas, en el que detalla varias decisiones de la Corte Suprema que afectaron a los organismos de derechos humanos, y dijo que su abogado respondería las preguntas de los diputados.
En el escrito, Carlotto relató que «en mayo de 2020, el ministro (Carlos) Rosenkrantz convocó a una reunión. Desde Abuelas decidimos no asistir; tan cierta fue nuestra sospecha, que luego de esa reunión no hubo ninguna medida o acción concreta».
En tanto, la titular de Abuelas calificó el fallo Muiña como un «intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares» y dijo que «desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton ya que el resultado que propugnaron en “Muiña”, además de la absurda aplicación de la ley 24.390, lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la propia Corte es cúspide».
De esta manera, Carlotto hizo referencia al fallo a través del cual los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti, resolvieron habilitar la posibilidad de que un condenado por delitos de lesa humanidad pudiera beneficiarse de la aplicación del 2 por 1, que establece que cada día transcurrido en prisión preventiva luego de haber cumplido dos años bajo esa modalidad, pasaría a computarse de forma doble.
«Subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo, y a la reacción de este Parlamento, que en tiempo récord, aprobó la ley interpretativa 27.632, consagrando legislativamente los estándares que los ministros (Rosatti, Rosenkrantz y Highton) omitieron maliciosamente», aseveró Carlotto.
En tanto, hizo referencia a la «inactividad de la Comisión Interpoderes», al sostener que «tampoco desde allí se implementó una política judicial adecuada o un mecanismo de consulta sincero a los organismos en el último tiempo».
Asimismo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo lamentó la «lentitud en la tramitación de causas que ya tienen sentencia pero que esperan la confirmación de la Corte» y puso como ejemplo la muerte de (Carlos) Blaquier «como expresión de impunidad biológica amparada por la Corte y su pereza voluntaria».
Por su parte, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, fue citado como testigo para contestar las preguntas del oficialismo en torno a la hipótesis de que hubo un acuerdo político entre el gobierno de Mauricio Macri y varios funcionarios de la Corte para beneficiar a ex represores a partir del fallo Muiña.
Según la hipótesis que maneja el oficialismo, la jueza Elena Highton de Nolasco votó en el fallo Muiña en el mismo sentido que Carlos Rosenkrantz como parte de un acuerdo político, del que también participó el gobierno de Mauricio Macri, a cambio de poder continuar en su cargo a pesar de haber cumplido 75 años.
“Pedimos una prórroga; trabajamos mucho tiempo en la elaboración de un proyecto para que no se dictara el fallo de la Corte; ese proyecto logró unanimidad de todos los actores del sistema de justicia; fue presentado y nunca se trató”, indicó.
Asimismo, reiteró que “yo tuve una posición respecto del caso Muiña: siempre lo critiqué. Tampoco correspondía el 2×1, no solo en delitos de lesa humanidad, sino donde se vieron beneficiados también violadores, asesinos, organizaciones criminales”. “Yo disiento con muchas decisiones de la Corte, pero esa es la esencia de la democracia», añadió.
El ex ministro de Justicia reconoció haber tenido un lazo estrecho -que aún conserva- con Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, asesor económico y judicial del macrismo que se encuentra prófugo en Uruguay.