La Cámara Federal de Casación deberá resolver si se mantienen las restricciones que pesan sobre la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 concedió un recurso a la defensa, habilitando la revisión judicial de la negativa a flexibilizar las condiciones de su arresto en el domicilio de San José 1111.
La apelación surge luego de que el juez de ejecución, Rodrigo Giménez Uriburu, rechazara retirar la tobillera electrónica, modificar el régimen de visitas y levantar el límite de acceso a la terraza del edificio, establecido actualmente en dos horas diarias, al cumplirse el primer año de detención.
Los argumentos de la defensa
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy calificaron la decisión de arbitraria y sostuvieron que las restricciones a las visitas para preservar la tranquilidad del entorno carecen de sustento empírico, argumentando que no se registraron quejas por parte de los vecinos. También señalaron como una paradoja que se endurecieran las condiciones tras una visita simultánea de economistas en noviembre pasado, pero que el cumplimiento estricto de las normas no genere una flexibilización.
Respecto al uso del dispositivo electrónico, la defensa invocó un relevamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación para señalar que su aplicación es excepcional y que las condiciones impuestas revisten una severidad mayor al promedio de los casos de prisión domiciliaria, reiterando la ausencia de riesgo de fuga. Asimismo, cuestionaron que no se aplique el principio de progresividad contemplado en la Ley de Ejecución Penal 24660.
La postura del Tribunal
Al rechazar los planteos el pasado 5 de junio, el magistrado de ejecución consideró que el correcto acatamiento de las reglas de conducta no habilita por sí solo a discontinuar las medidas de supervisión vigentes.
En su resolución, el juez remarcó que el régimen progresivo de la pena está diseñado para el ámbito penitenciario tradicional, mientras que la prisión domiciliaria constituye una modalidad excepcional con sus propios mecanismos de control. La decisión coincidió con una advertencia del tribunal por un acto de apoyo frente al edificio que incluyó el despliegue de una estructura entre balcones, lo cual fue considerado un riesgo para la seguridad.
