Caso Albareda: La autopsia confirmó que Susana Montoya fue golpeada y estrangulada

Las conclusiones preliminares de la autopsia sobre el cuerpo de Susana Montoya, de 74 años, la mujer asesinada en su casa del barrio cordobés Ampliación Poeta Lugones, establecieron que han confluido un traumatismo de cráneo y la asfixia mecánica por estrangulamiento como causas de su fallecimiento.

Susana Montoya fue asesinada entre el jueves por la noche y la mañana del viernes. Era la viuda de un exsubcomisario de la Policía de Córdoba que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar argentina, Ricardo Fermín Albareda. El policía también fue militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Por su desaparición, fue condenado el genocida Luciano Benjamín Menéndez.

Fue su hijo Fernando, militante de HIJOS y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien la encontró en el patio de su casa, ya muerta.

Desde el entorno familiar pidieron que “se investigue a todo el mundo”. En este sentido, no ocultaron la sorpresa por la difusión que tuvo una medida de reparación que implicaba el pago de una cifra millonaria por los salarios caídos del policía desaparecido. Los beneficiarios de este pago, de unos 74 millones de pesos, eran la viuda y Fernando, que son quienes llevaron adelante el reclamo de restitución del legajo.

Fernando Albareda ya había recibido otras amenazas y la mujer recibía llamadas intimidantes a menudo.

Uno de los puntos que más llama la atención en la investigación es que no se forzaron aberturas para el ingreso. La puerta de rejas de ingreso fue abierta, presuntamente, por la propia víctima. “Susana tiene que haberle franqueado el paso a alguien, porque si no, no se entiende cómo podrían haber ingresado al domicilio sin forzar las cerraduras”, afirman desde la familia.

“No era lo habitual que estuviera abierta esa reja. La mujer cerraba esa puerta con llave y mantenía la otra abertura de madera del domicilio sin la cerradura”, sostienen.

La mecánica del asesinato, según una de las posibilidades que maneja Juárez Centeno, podría haber comenzado con un pedido de acceso a la vivienda. Para ello, creen los allegados, debería tratarse de una autoridad o de alguien a quien Montoya le hubiera abierto la reja. Allí la habrían atacado brutalmente. La habrían golpeado con unos ladrillos y estrangulado.

Dentro de la casa no se constataron faltantes entre los objetos de valor. Al parecer, según creen en la familia, los atacantes ingresaron por la puerta reja, cometieron el asesinato, echaron llave a la puerta de madera y olvidaron cerrar la abertura por la que habían ingresado.

También encendieron el televisor, la radio y bajaron las persianas. Creen que dieron todos estos pasos una vez que cometieron el homicidio. Finalmente, cuando la mujer yacía en el suelo, saltaron hacia el patio y escaparon.

Una investigación compleja

El fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Klinger, trabajó desde el primer minuto en que el crimen fue descubierto y advertido. De inmediato ordenó una autopsia y dio instrucciones precisas a los pesquisas. La investigación avanza con hermetismo.

Klinger no descarta ninguna hipótesis y trabaja sobre los elementos que va recolectando. Por ahora, las investigaciones avanzan a paso firme, pero se trata de una pesquisa que requiere mucha cautela, por la cantidad de elementos que se entremezclan.

Aún no hay detenidos ni imputados por este crimen.

Desde los organismos de Derechos Humanos de Córdoba solicitaron que se realice una “urgente investigación y esclarecimiento” del hecho. También pidieron que se investiguen las amenazas que habían sufrido los integrantes de la familia de la víctima.

Desde HIJOS pusieron el foco en este detalle en particular: “Si las amenazas que se habían denunciado con anterioridad se hubieran investigado, es probable que esto no hubiera ocurrido”, indicaron.

A la par, solicitaron que se extremen las medidas de seguridad y protección para Fernando Albareda y toda su familia.

En tanto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) repudió el crimen y solicitó que se investiguen las amenazas de muerte que dejaron los criminales, dirigidas a toda la familia. “Exigimos a la Justicia y a las autoridades provinciales la urgente investigación y el esclarecimiento de este hecho”, reclamaron.

La Voz

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