La denuncia contra De Vido se basa en que, entre otras irregularidades, pautaba adendas que, según interpretan los denunciantes, tenían el objetivo de entregar a la Tupac Amaru fondos para obras adicionales que nunca se cumplieron.
“No quedan dudas del actuar doloso de los denunciados cooperativistas, ya que los fondos recibidos fueron obtenidos a través de adendas firmadas varios meses después de que informaran la finalización de las obras”, afirmó el fiscal del Estado, Mariano Miranda.
De acuerdo a la denuncia, los fondos autorizados por De Vido, con el concurso de los funcionarios de su área, ascienden a casi 150 millones de pesos (solo por los períodos 2013-2015), a través de seis adendas. De ese total, Milagro Sala cobró efectivamente 86.625.000, mediante el sistema de endoso de cheques.
La denuncia, efectivizada en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2, a cargo de Gustavo Araya, fue presentada por el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y el Fiscal Anticorrupción de la Provincia, Joaquín Millón. Ambos funcionarios concurrieron con el patrocinio letrado de la Procuradora General de la Provincia, Josefa del Valle Herrera.
Además de De Vido, están denunciados otros ex funcionarios: Roberto Baratta, José López, Germán Nivello y Gustavo Carrizo, quienes, se señala, «a través de omisiones funcionales en sus deberes de control de gestión y, en algunos casos a través de conductas comisivas en la autorización de transferencias de fondos estatales, efectuaron un aporte necesario sin el cual no hubiese sido posible el fraude a la administración pública consumado por los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Pibes Villeros, integrada por Patricia Margarita Cabana, Javier Rosario Rivero, Iván Dante Altamirano, todos liderados por Milagro Sala, con quienes conformaban una asociación ilícita, cuyo objetivo era justamente defraudar a la administración”.
“Esta organización delictiva tuvo permanencia en el tiempo, existían acuerdos de distribución de roles y una organización que se traduce en la uniformidad de comportamientos comandados y dirigidos por Milagro Sala en su carácter de jefa de la asociación ilícita”, señala el escrito.
Los funcionarios denunciados, consigna la información provista por Miranda, consintieron las adendas en el marco del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria para la construcción de viviendas por medio de cooperativas, y a partir de ello, libraron los desembolsos y las respectivas órdenes de pago, «aun teniendo pleno conocimiento de que ya habían finalizado las obras involucradas; hubo una completa ausencia de los procedimientos de rendición de cuentas legalmente exigidos».
A través del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, entre los años 2013 y 2015, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación rubricó con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y varios municipios jujeños convenios para la construcción de viviendas por medio de cooperativas. Estos son los convenios que se habrían ejecutado y pagado por medio de la red de la Tupac Amaru en diversas etapas y en distintos municipios jujeños.
Todos los convenios fueron cumplidos, debidamente pagados y las obras terminadas, según constancias de los expedientes. «Sin embargo, a pesar de haberse comunicado la finalización de las obras, por cada convenio específico la Subsecretaría de Desarrollo, Vivienda y Urbanismo, la UEP y los respectivos intendentes consignaron seis adendas, una por cada Convenio Específico, acordando ‘financiamientos adicionales’ para ‘garantizar la correcta terminación de las obras’”, advierte la presentación.
«Estos adicionales fueron solicitados y suscriptos en septiembre de 2014 o en marzo de 2015. Estas adendas comprometieron un grupo de desembolsos que en total ascienden a 149.250.000 de pesos, de los cuales, cuando menos, se pagaron, 86.625.000 por viviendas que ya habían sido terminadas», precisa.