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Integrantes de la comunidad de Caspalá, acompañados por referentes de otras comunidades originarias de la provincia, dieron una conferencia de prensa en la Plaza Belgrano de la capital jujeña para exponer la documentación que presentaron ante la justicia federal en el marco de la denuncia realizada contra la Secretaría de Pueblos Indígenas por maniobras fraudulentas y falsificación de actas.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada de la comunidad, Silvana Llanes, detalló que la causa que tramita en la justicia federal se originó a partir de una denuncia presentada el año pasado y confirmada a comienzos de este. «Están siendo investigadas por la fiscalía federal las maniobras fraudulentas realizadas por la Secretaría de Pueblos Indígenas para intentar hacer incurrir en un error a la jueza federal, poniendo a otra presidenta de la comunidad en una elección totalmente irregular con el solo fin de no cumplir», precisó.
El caso está enmarcado en el juicio contra el Estado por la destrucción de la cancha comunitaria, un expediente en el que hay cinco funcionarios y exfuncionarios imputados. En esa causa, se había firmado un acuerdo por el cual la provincia debía reparar los daños. En esta etapa del conflicto, la comunidad denuncia una maniobra llevada adelante por la Secretaría de Pueblos Indígenas, cuya titular es Yolanda Cruz, mediante la cual se armó una falsa asamblea y se fraguaron actas para imponer a una presidenta de la comunidad afín al gobierno.
«Habíamos advertido ya que iban a intentar por todos los medios deslegitimar a la querella, sacar a la comunidad y poner a otra presidenta afín al gobierno. Por eso es que Francisca Coronel y Lucía Apaza, herederas de María Liberata Apaza, dueña de la parte de la cancha, que son integrantes de la comunidad que acreditan derechos, se presentan como querellantes, al igual que Lidia Balcarce», repasó Llanes.
La abogada recordó que la asamblea general es la autoridad máxima de una comunidad, y no la presidenta. En este sentido, reveló: «Intentaron fraguar una asamblea para sacar a Lucía Apaza como presidenta y poner a una empleada de la Comisión Municipal afín al gobierno para generar impunidad e incumplir con el convenio que tuvieron que hacer en el marco de las audiencias.»
«La Secretaría de Pueblos Indígenas, lejos de cumplir con los deberes de funcionarios públicos, realiza maniobras fraudulentas a los efectos de beneficiar o hacer lo que el jefe le dice. Entonces el procurador utiliza esas actas nuevas para hacer incurrir en un error a los magistrados», explilcó Llanes.
Ante la advertencia del juzgado, la Fiscalía Federal recibió la instrucción de investigar los hechos. Mientras tanto, el pueblo desconoció los actos administrativos impulsados por el organismo y presentó en la Secretaría de Pueblos Indígenas una nota diciendo que todo lo que hicieron es inválido porque no cuenta con el quórum ni con las autoridades que tendrían que haber estado presentes.
«Fue todo un acto político que intentaron utilizar para hacer una seudo asamblea general. Para algunas comunidades la Secretaría pone hasta el ADN más o menos para tomar como válida un acta; en este caso no, en este caso se fraguó todo», agregó la abogada.
Apoyo de otras comunidades
El reclamo en la capital jujeña sumó el acompañamiento de autoridades de otras comunidades de la provincia. Llanes advirtió: «Hoy están no solamente la comunidad de Caspalá en la Plaza Belgrano, sino varios presidentes de comunidades de diferentes puntos de la provincia apoyando a Caspalá y reconociendo a Lucía Apaza. Hasta tanto no se resuelvan las denuncias, ningún presidente de comunidad va a reconocer a ninguna autoridad que no haya sido elegida conforme lo establece el estatuto dentro de una asamblea legalmente constituida que cuente con el quórum y personas censadas con el censo actualizado, lo cual no ha ocurrido en este caso.»
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