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La comunidad kolla de Caspalá recibirá el próximo martes la cancha ancestral y la finca expropiada a Don Cruz Moyoja, en su estado natural, luego de más de dos años de lucha en la justicia.
El hecho es histórico y fue realizado por la justicia federal, tras la homologación de un acuerdo suscripto por el Ministerio Público Federal de Jujuy y la Fiscalía de Estado.
Cabe recordar que en el juzgado federal N°2 de Jujuy se tramita la causa penal del pueblo de Caspalá contra el gobierno de Jujuy, que encabezaba el ex mandatario, Gerardo Morales.
La comunidad celebrará la devolución de la cancha comunitaria y la finca de la familia Cruz Moyoja, según los términos del acuerdo entre las partes, llevado a cabo el pasado 20 de noviembre del 2024.
En dicha audiencia virtual que se realizó esa jornada, la jueza federal Carina Gregoraschuk homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal Federal y la Fiscalía de Estado, en el marco de la causa iniciada luego de que la comunidad denunció a Morales y otros funcionarios de su gestión, como así también el ex comisionado municipal de Caspalá por los delitos de usurpación, abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita.
Silvana Llanes es una de las abogadas que representan a la comunidad de Caspalá. En diálogo con El Submarino Radio conectar915.onlineradio.net.ar, detalló: «En el marco de la investigación por la destrucción del patrimonio arqueológico de la finca Santa Rosa y la destrucción de la cancha ancestral de Caspalá, que es la finca Pozuelos, se labró un acta de acuerdo entre la fiscalía federal y el fiscal de Estado, en representación de la provincia de Jujuy, por el cual se comprometen a restituir al estado anterior la cancha y volver todo para atrás, como forma de reparación integral de los daños que han causado en estas dos propiedades».
A partir de ahora, tanto el antigal como la cancha vuelven a estar bajo la guarda de la comunidad, que es la cuidadora de sus sitios, su cultura y sus ancestros.
El conflicto
El conflicto en el pueblo de Caspalá, ubicado en el departamento de Valle Grande, se desató en noviembre de 2022 cuando el entonces gobernador Gerardo Morales anunció que construiría una escuela secundaria en el lugar donde estaba ubicada la cancha de la comunidad.
El pueblo se opuso, porque había otro terreno previamente asignado para ese fin. Morales la emprendió contra los habitantes de Caspalá, a quienes acusó de negarse al progreso, al tiempo que, a modo de compensación, decidió comenzar en otro sector la construcción de un «polideportivo», según anunció.
Pero ese otro terreno, que le fue expropiado de manera arbitraria a una familia del lugar, contenía un antigal del que comenzaron a emerger restos arqueológicos a medida que avanzaban las tareas de remoción y nivelado ordenadas por el gobierno provincial.
Lo que siguió fue una fuerte presencia policial en Caspalá, represión, balas de goma, gases lacrimógenos, presiones y amenazas contra la comunidad.
«Siempre lo hemos dicho. No es que estemos en contra del crecimiento -afirmó Balcarce-. Tenemos el terreno para la escuela, queríamos nuestra escuela, no nos oponíamos, como se la pasaba diciendo el gobernador, que no queríamos el crecimiento y que preferíamos estar tomando, cuando no es así».
