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El gobierno de la provincia avanza en la localidad de Caspalá con la construcción de un «polideportivo» en terrenos privados y sobre material arqueológico protegido, pese a que una medida judicial ordenó suspender las obras.
El martes pasado, llegaron al lugar operarios u efectivos policiales para colocar los postes de lo que será un arco de fútbol, en un sector que ya fue limpiado por máquinas viales que destrozaron patrimonio cultural y arqueológico de la comunidad, en terrenos privados.
Silvana Llanes, la abogada que representa a la comunidad Pueblo Kolla de Caspalá, relató a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que el martes pasado «empezaron a poner los postes del arco, con los caños que sacaron de la cancha ancestral, burlándose de la gente».
«El lugar es una propiedad privada. La expropiación que intenta el gobierno provincial está frenada por un recurso de inconstitucionalidad que presentamos en el Superior Tribunal de Justicia, que todavía no resolvió. Por lo tanto sigue siendo del señor Cruz y la familia Chapor», explicó.
El conflicto se inició en noviembre pasado, cuando el gobierno provincial desmanteló la cancha comunitaria de Caspalá con el fin de construir allí un edificio escolar, pese a que desde 2015 había un lote destinado a ese fin. Frente a la protesta de los pobladores, que fue reprimida por la policía, el gobernador Gerardo Morales anunció que se iba a construir un «polideportivo» en otro sector del pueblo.
A pesar de la resistencia de los habitantes del pueblo, las máquinas de Vialidad comenzaron a trabajar en un terreno privado, de la familia Cruz-Chapor, no sólo usurpando la propiedad sino además destruyendo patrimonio arqueológico, sembradíos, zonas de pastajes familiares y derribando árboles autóctono.
El martes, además de los obreros, se presentó en el lugar el comisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza, junto a los vocales Adelino Coronel y René Balcarce. Ramona Chapor intentó impedir que continuaran con las obras. «Ella estaba en el campo con sus animales, llega a ver qué pasaba, intenta sacarlos y uno de los vocales le pega violentamente», contó la abogada.
A partir de estos hechos, Llanes presentó una denuncia por «desobediencia judicial». Pero no fue fácil. «Tuve que hacer un escándalo para que empezaran a tomar cartas en el asunto, se pasaban la pelota, decían que tenía que ir al juzgado. Pero somos parte querellante, así que deberían actuar directamente frente a una flagrante desobediencia a una medida judicial», indicó.
Cuando finalmente la fiscalía federal aceptó la denuncia, envió al lugar a la policía provincial. «O sea, mandaron a los denunciados, cuando podrían haber mandado a la Gendarmería», afirmó Llanes, y remarcó que «ni siquiera imputaron al comisionado municipal Apaza», quien estaba presente cuando se cometió la irrupción en el terreno privado.
«Hoy ya salieron de la propiedad, se tuvieron que ir huyendo como ratas por tirante. Hicieron falsas denuncias, dijeron que fueron agredidos, pero no les cree nadie porque hay videos donde se ve que son ellos los que agreden a la comunidad», comentó la abogada.
-¿Creer que hay connivencia entre la justicia federal, la provincial y el gobierno?
-Claro. Lo vengo diciendo. No hay objetividad ni imparcialidad en los jueces, ni federales ni provinciales. No imputan una desobediencia flagrante a una medida, autoridades municipales metiéndose a hacer estas cosas impunemente, golpeando a la dueña del inmueble, violando el domicilio. Ese terreno no es del estado. Estaban haciendo la cancha, poniendo postes, sobre el patrimonio arqueológico, los antigales. Es terrible la impunidad con que se manejan.
-¿Cómo sigue el tema ahora?
-Queremos que se impute a todos, que se haga lugar a la desobediencia y que pague el que tenga que pagar. Porque el daño psicológico que están cometiendo contra el pueblo de Caspalá es terrible, por el solo hecho de resistir y ser un ejemplo de lucha.
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