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La jueza federal Carina Gregoraschuk rechazó la presentación del juez Rodolfo Fernández para que sea la justicia local la que avance en la investigación por la actuación del gobierno provincial en el pueblo de Caspalá, cuando en 2022 destruyó un espacio comunitario y expropió de manera irregular un terreno privado donde se destruyó de manera irreversible patrimonio arqueológico.
De este modo, será el fuero federal el que seguirá tramitando la causa en la que están imputados seis funcionarios provinciales del delito de defraudación a la administración pública, por la fallida construcción de una escuela secundaria en Caspalá, para la cual el estado nacional envió 43 millones cuyo destino se desconoce. La intención del entonces gobernador Gerardo Morales era construir la escuela en un sector comunitario, y en las obras se destruyó un antigal en la propiedad de Pablo Cruz Moyoja, que había sido expropiada de manera ilegal.
Una de las abogadas que representan a la comunidad de Caspalá, Silvana Llanes, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que la cuestión de la competencia «ya está saldada», luego tras la audiencia que se realizó el lunes último. Llanes repasó: El juez Fernández nunca fue a sorteo. Se abocó a esta causa con el argumento de que él es ‘juez de la materia’, es decir, en lo penal económico. Y él mismo le pidió a la Oficina de Gestión Judicial que explique, y la oficina lo apoyó». Sin embargo, la jueza Gregoraschuk confirmó la competencia federal.
Por otro lado, estaba pendiente que la Legislatura anulara la expropiación irregular sobre la propiedad de Cruz Moyoja, lo que se cumplió el mes pasado.
Finalmente, queda que se confirme y se cumpla el plan de remediación que el gobierno provincial debe llevar adelante para restituir a su estado original tanto la cancha comunitaria como el terreno de Cruz Moyoja.
Sobre este punto, Llanes detalló: «Hay un convenio de reparación integral, donde la provincia acredita el daño provocado a la comunidad originaria y acredita que no se construyó la escuela. Y hoy estamos a la espera de la firma del nuevo convenio con el correspondiente plan de remediación».
Por otro lado está la cuestión de los fondos. Funcionarios actuales y exfuncionarios de la gestión de Morales están imputados por el delito de defraudación a la administración pública. Son María Teresa Bovi, exministra de Educación; José Torrejón, actual funcionario del área de Infraestructura Educativa; María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación; María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación; Diego Ignacio Montenovi, funcionario de la Fiscalía de Estado, y Natividad Apaza, excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá.
Llanes contó que «está probado que los fondos destinados para la construcción de la escuela de Caspalá fueron netamente del Estado nacional, no eran discrecionales de la provincia, o sea que no podían disponer de ellos sin supervisión del Estado nacional». Según se comprobó, la provincia recibió 43 millones de pesos, pero no cumplió con los avances de obra que debía.
«La Fiscalía mostró los documentos públicos falsos que presentaron, que sustentan la acusación», afirmó la abogada.
