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La Corte Suprema de Justicia de la Nación definió una contienda de competencia entre el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy y el Juzgado de Control en lo Penal Económico de la provincia. El máximo tribunal resolvió que la causa debe tramitarse en el fuero federal jujeño.
El conflicto surgió debido a que ambos tribunales pertenecen a distintas jurisdicciones y no cuentan con un superior común. De este modo, en sintonía con lo dictaminado por la Procuración General de la Nación, la Corte dispuso remitir las actuaciones al Juzgado Federal N° 2 de Jujuy y notificar de la decisión a la justicia provincial.
De ahora en más, la jueza federal Carina Gregoraschuk que había rechazó la presentación del juez Rodolfo Fernández para que sea la justicia local la que avance en la investigación por la actuación del gobierno provincial en el pueblo de Caspalá, cuando en 2022 destruyó un espacio comunitario y expropió de manera irregular un terreno privado donde se destruyó de manera irreversible patrimonio arqueológico.
De este modo, será el fuero federal el que seguirá tramitando la causa en la que están imputados seis funcionarios provinciales del delito de defraudación a la administración pública, por la fallida construcción de una escuela secundaria en Caspalá, para la cual el estado nacional envió 43 millones cuyo destino se desconoce.
Acusados por el delito de fraude
Funcionarios actuales y exfuncionarios de la gestión de Morales están imputados por el delito de defraudación a la administración pública. Son María Teresa Bovi, exministra de Educación; José Torrejón, actual funcionario del área de Infraestructura Educativa; María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación; María Victoria Martínez Fascio, ex secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación, ahora a cargo del Centro Cultural Lola Mora; Diego Ignacio Montenovi, funcionario de la Fiscalía de Estado, y Natividad Apaza, excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá.
Cabe recordar que la idea del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales era construir la escuela en un sector comunitario, y en las obras se destruyó un antigal en la propiedad de Pablo Cruz Moyoja, que había sido expropiada de manera ilegal.
La justicia federal comprobó que la provincia recibió 43 millones de pesos, pero no cumplió con los avances de obra que debía hacer.
Causa Caspalá: Un dictamen del procurador nacional acorrala a exfuncionarios de Morales
