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El 23 de diciembre será la audiencia en la que se va a formalizar la imputación a los seis funcionarios involucrados en la causa penal federal iniciada por la intención de construir una escuela en un sector comunitario de Caspalá y la destrucción de un antigal en una propiedad privada que fue expropiada de manera ilegal.
Así fueron notificados este martes la exministra de Educación María Teresa Bovi; José Torrejón, actual funcionario del área de Infraestructura Educativa; María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación; María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura del mismo ministerio, y Diego Ignacio Montenovi, de la Fiscalía de Estado, además del excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá Natividad Apaza.
La resolución de la Oficina Judicial de Salta Subsede Jujuy detalla que la audiencia será el lunes 23 a las 9 de la mañana. Allí, los acusados serán notificados de la imputación por el delito de defraudación a la administración pública. Intervienen la jueza federal de Garantías Carina Inés Gregoraschúk y la fiscal Lucía Romina Orsetti.
Silvana Llanes, abogada que representa a la comunidad de Caspalá junto a sus colegas Mario Pastor Barragán y Alejandra Cejas, relató en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) el recorrido que hizo el trámite judicial hasta llegar a esta instancia. La audiencia para formalizar la imputación estaba prevista para el 4 de diciembre pasado, pero en esa oportunidad las defensas «pidieron ver las evidencias que forman parte del legajo judicial, las pruebas que tiene la fiscal», detalló.
Este pedido, explicó Llanes, no debió haberse presentado pues «todavía no estaba formalizada la acusación y por lo tanto el legajo le pertenece a la fiscalía».
«No pueden pedir que le muestren la prueba antes para ver qué hacen. Es una picardía», agregó.
Este lunes, la cámara revisora de Salta rechazó el pedido de las defensas y libró la citación para que finalmente se haga la audiencia de imputación el lunes 23 a las 9 de la mañana.
«En la audiencia del 4 de diciembre se expusieron claramente los hechos cometidos por cada uno de los imputados. Las evidencias son determinantes. Denotan la participación de cada uno, en qué grado y la calificación legal. Está todo especificado. La fiscal hizo un trabajo enorme», afirmó Llanes.
Vacaciones en duda
Antes de conocerse la resolución por la cual se fija audiencia para el 23 de diciembre, el abogado Federico Llermanos, quien representa a Diego Ignacio Montenovi y María Victoria Martínez Fascio, presentó un escrito en el que le avisa a la jueza que sus defendidos tienen previsto irse de vacaciones en enero. Montenovi, entre el 7 y el 16 de enero se va a Punta Cana; Martínez Fascio, desde 8 al 19 de enero, a Cancún.
Sin embargo, es posible que la jueza atienda el pedido de la fiscal para que se impida la salida del país a todos los imputados, algo con lo que acuerdan las querellas pues consideran que este escrito muestra que al menos estos dos acusados tienen la intención y los medios para hacerlo.
Restitución y reparación
En paralelo a la causa federal contra estos seis exfuncionarios, el Estado provincial fue emplazado el 20 de noviembre pasado para que dentro de los 30 días hábiles repare los daños que causó en Caspalá a la cancha comunitaria y a la finca propiedad de la familia Cruz Moyoja, según los términos de un acuerdo homologado en la justicia federal.
El plazo culmina el 4 de febrero próximo, y hasta este momento el gobierno provincial no hizo nada para cumplir con el convenio. «Nosotros, como querella, tal como quedó en el acta, vamos a participar, tener contacto y conocimiento de todo lo que se vaya haciendo en esa restauración de la cancha y la restitución a don Pablo Cruz», explicó Llanes.
«El 4 de febrero tiene que estar todo terminado. Ese día la comunidad aborigen pueblo kolla de Caspalá tiene que tener restaurada y devuelta su cancha ancestral, y don Pablo restituido los derechos sobre su propiedad», agregó.
Para la restitución de los derechos de la familia Cruz sobre su propiedad, será necesario que la Legislatura provincial derogue la ley mediante la cual la gestión del entonces gobernador Gerardo Morales avanzó con la expropiación del terreno, puesto que resultó en un trámite ilegal.
-La Legislatura provincial va a sesionar hasta el 31 de diciembre. Eso va a salir recién en marzo, seguramente. ¿Qué puede pasar?
-Tendrán que responder, porque eso es incumplimiento de acuerdo. Hoy deberían estar preocupados por resolver el tema antes del 4 de febrero.
Ganó Caspalá: El Estado jujeño debe reparar los daños en la cancha comunitaria y el antigal
