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El procurador de la Nación Eduardo Casal dictaminó que la justicia federal deberá juzgar a los exfuncionarios del gobierno de Gerardo Morales imputados en la causa por los hechos ocurridos en el pueblo de Caspalá en 2022, cuando se destruyó un espacio comunitario y expropió de manera irregular un terreno privado destruyendo patrimonio arqueológico.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Alejandra Cejas, que representa a la querella junto a su colega Silvana Llanes, advirtió que la provincia intentó quedarse con la causa para llevarla al fuero local sin sorteo previo. Ahora Casal ratificó que la competencia es federal porque se trata de fondos de Nación enviados a la provincia.
La causa por los hechos ocurridos en Caspalá alcanzó una instancia decisiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras meses de disputa por la competencia, un dictamen del procurador general Eduardo Casal le dio la razón a la querella y a la justicia federal, complicando la situación de seis exfuncionarios de la gestión de Gerardo Morales.
Tras el dictamen de Casal, resta la resolución de la Corte Suprema para fijar la fecha de un juicio oral que los funcionarios «están tratando de evadir», remarcó Cejas.
Una «aberración»
Cejas reveló que existió una maniobra por parte de las defensas técnicas para trasladar la investigación al ámbito provincial, específicamente al juzgado de Rodolfo Fernández. «Él solo se abocó, no fue un juez de control; él solito dijo que era su causa porque era un ‘especialista'», relató.
Y calificó el hecho como una «aberración» del sistema de control judicial en Jujuy, porque el juez Fernández no había sido designado por sorteo, lo que derivó en el planteo de inhibición que debe resolver la Corte Suprema.
La abogada explicó que por tratarse de una causa penal, la Corte invita al procurador a que emita opinión. «Y este ha sido el dictamen que ha enviado Casal, diciendo que no se puede permitir que esto sea juzgado en el ámbito provincial porque hay un daño directo a la Nación. O sea, la plata que se está discutiendo en este proceso, no es plata de Jujuy», señaló.
Fondos nacionales y documentación dudosa
El núcleo de la causa penal es la presunta defraudación a la administración pública por un monto que ronda los 50 millones de pesos que fueron remitidos a la provincia por el Ministerio de Educación de la Nación para la construcción de una escuela en el pueblo de Caspalá.
La escuela no se construyó y la provincia nunca rindió cuentas de qué hizo con ese dinero. «La conducta investigada consistió en presentar documentación falsa en un expediente administrativo para engañar a una autoridad federal sobre el cumplimiento de las condiciones para acceder al financiamiento, hecho que causó un perjuicio directo al Estado nacional», repasa Casal en su dictamen.
«Como el fraude es a nivel nacional, es imposible que esto vaya a la provincia de Jujuy», enfatizó Cejas.
Un «delito continuado» y daño arqueológico
Más allá de lo financiero, la abogada destacó el impacto humano y patrimonial en Caspalá. La construcción se proyectó sobre la cancha comunitaria y terrenos privados de la familia Cruz Moyoja, donde se destruyó de manera irreversible un sitio arqueológico ancestral.
Cejas denunció que el pueblo vivió una situación de «virtual estado de sitio» con represión policial para avanzar con las obras.
Los imputados
Los funcionarios acusados en la causa son:
- María Teresa Bovi: Exministra de Educación.
- José Raúl Torrejón: Funcionario del área de Infraestructura Educativa.
- María Cecilia Rotondo: Asesora legal del Ministerio de Educación.
- María Victoria Martínez Fascio: Secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación.
- Diego Ignacio Montenovi: Funcionario de la Fiscalía de Estado.
- Natividad Apaza: Excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá.
