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Página/12 había revelado que Vialidad Nacional renovó el contrato de la concesión de la Panamericana a pesar de la existencia de dos informes del ex Occovi que probaban las serias irregularidades en las que operaba Autopistas del Sol S.A., cuya accionista era el Grupo Socma, de la familia Macri. Ahora, esos documentos fueron sumados al expediente y podrían convertirse en nuevas pruebas que compliquen al presidente y a varios de sus funcionarios.
El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral ya tiene en su poder los dos informes reservados del ex Órgano de Control de la Concesiones Viales que fueron ignorados en su momento por la gestión de Javier Iguacel. Los estudios sobre la situación de la concesionaria del Acceso Norte eran lapidarios: señalaban maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas y endeudamiento temerario, al tiempo que rechazaban la compensación millonaria que reclamaba la firma.
Sin embargo, cuando asumió el macrismo, las nuevas autoridades de Vialidad desoyeron esos expedientes internos, le reconocieron a la empresa unos 500 millones de dólares y le extendieron el contrato hasta 2030 sin llamar a una nueva licitación, como lo establece la ley. La concesión -de la que participaba la empresa del presidente- debía haberse caído por las graves incumplimientos. Sin embargo, consiguió el levantamiento de la intervención -que había sido impuesta en la gestión anterior-, la prórroga del contrato por decreto con múltiples beneficios y el reconocimiento por parte del Estado por supuestas inversiones no amortizadas.
Ahora, el Diputado Rodolfo Tahilade -principal denunciante en la causa- presentó una ampliación de la demanda que tiene en la mira a Macri; al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al ex Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al ex Director de Vialidad, Javier Iguacel. Pide sumar como prueba los dos expedientes reservados firmados por el ingeniero Gustavo Gentili en el año 2015 y dados a conocer por este diario hace un mes. Allí se advertía que no sólo no debía levantarse la intervención a la empresa Ausol SA, sino que además correspondía investigarla por los serios desmanejos en los que incurrió durante los veinte años que llevaba operando los peajes de la Panamericana.
“El resultado de los informes resulta categórico en cuanto demuestra meridianamente un manejo económico y financiero sumamente irregular de la compañía , movimientos de dinero al exterior por vías poco transparentes, produciendo una evasión impositiva gravísima, y llevando a la compañía concesionaria a una situación crítica”, señala el escrito ingresado al juzgado de instrucción 6, de Comodoro Py. El texto cita la nota periodística publicada el pasado 18 de octubre en Página/12 y adjunta los dos informes completos. Tahilade -en su calidad de querellante- solicita que sean sumados como prueba y le pide al juez que llame como testigo a Gentili, quien elaboró los dos análisis. Según alertaba el ex titular del Occovi -órgano de control que luego fue disuelto por las nuevas autoridades- la empresa no solamente daba sobrados motivos para continuar intervenida, sino que además no había ningún tipo de sustento para reconocerle la descabellada suma que reclamaba.
Los informes del Occovi
Uno de los informes es del 29 de mayo de 2015. El otro, del 6 de noviembre de ese mismo año. Al momento de la renegociación del contrato, la nueva gestión escondió los análisis sobre los desmanejos del holding, controlado en ese entonces por la poderosa constructora de capitales españoles, Abertis.
Entre otras irregularidades, la documentación hablaba de maniobras de evasión impositiva agravada, incumplimiento del pliego -que estaba vigente desde 1994-, subcapitalización de la empresa y endeudamiento temerario que ponía en riesgo la continuidad de la compañía.
Pero no solamente Iguacel desoyó los expedientes administrativos. La Unidad de Información Financiera y la AFIP, a donde se remitieron dichos documentos, también miró para otro lado, hecho que está advertido en la ampliación de la denuncia. Para los demandantes, el contenido de esos informes “deja al descubierto que la renegociación integral responde estrictamente a lo requerido por la empresa de la familia presidencial, produciendo un daño inconmensurable al patrimonio público y a millones de usuarios”, a la vez que se “confirma la hipótesis en cuanto a que los funcionarios públicos imputados omitieron, todo indica que deliberadamente, estos informes a la hora de afrontar la negociación por la demanda ante el CIADI y la renegociación de los contratos de concesión”.
Los posibles delitos que se investigan son fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. A menos de cinco meses de abierta la investigación, se suman cada vez más pruebas del direccionamiento de la concesión del peaje de uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires en favor de la empresa de la familia presidencial.
Por Sofía Caram, en Página/12
