La Corte Suprema de EE.UU. debía resolver una apelación de los abogados de Argentina en la que pidieron que se derivase hacia tribunales argentinos la causa iniciada por el fondo especializado en litigios Burford Capital, luego de que la Argentina indemnizara a Repsol, en 2015, con 5 mil millones de dólares como resarcimiento por la expropiación del 90% de sus acciones en YPF, equivalentes al 51% del capital social de la firma. Ahora, el máximo tribunal estadounidense resolvió consultar al jefe de los abogados del Estado, un funcionario elegido por el presidente Donald Trump.
“El procurador es invitado a presentar un informe en estos casos expresando la mirada de los Estados Unidos”, señaló la sentencia dada a conocer este lunes y emitida por siete de los nueve jueces supremos de EE.UU.
La clave del juicio es si la Corte Suprema decide que la demanda tiene que seguir su curso en Argentina o en los Estados Unidos, esto porque por este proceso judicial, Argentina ya cuenta con dos fallos en contra en instancias inferiores. Si la causa queda en EEUU, es casi seguro que la sentencia definitiva siga el mismo camino.
La petrolera española era, al momento de la expropiación, en 2012, el socio mayoritario de YPF, pero tenía un socio menor: el Grupo Petersen, una firma argentina que tomó parte del capital a través de dos filiales en una operación financiera que se sostenía en créditos bancarios y el uso de los dividendos de la propia YPF.
Al realizar la expropiación, el gobierno de Cristina Fernández cortó el flujo de dividendos para el pago de la compra de acciones y las filiales de Petersen se declararon en quiebra. Pero tenían un as en la manga: un juicio abierto en los tribunales españoles contra el Estado argentino por incumplimiento de contrato. Burford compró los derechos de ese litigio y llevó el pleito a Nueva York.
Los estatutos de YPF señalaban que aquel que comprase las acciones mayoritarias de YPF debía ofertar también por el resto del capital social, cosa que el Estado argentino nunca hizo.
Burford puja por mantener el juicio en los tribunales estadounidenses, mientras que los representantes legales del gobierno argentino argumentan que la acción legal la debe hacer en este país ya que la decisión de expropiación es una medida soberana.
La opinión que solicitó la Corte Suprema al jefe de abogados de la Casa Blanca, conocido en EEUU como General Solicitor, no es vinculante. Además, ese funcionario no tiene plazos para responder.
Una situación similar se vivió en 2014 en la causa que los fondos buitre seguían contra la Argentina por el pago de bonos de deuda en default. La Corte pidió la opinión del General Solicitor para determinar si la decisión argentina de reducir el valor de esos bonos por medio de los canjes de deuda de 2005 era una operación de carácter soberano o comercial.
“Según una ley (estadounidense) de 1973, toda actividad de un país soberano en los Estados Unidos es una decisión soberana. Pero hay una excepción que dice que si la actividad es comercial, esa ley no aplica al país soberano. Eso es lo que se está discutiendo hoy: si se trata de una actividad comercial o es un derecho soberano”, dijo el analista Sebastián Maril, de Research for Traders, y que ha seguido en detalle este caso.
Información proveniente del gobierno consignó que el procurador del Tesoro argentino, Bernardo Saravia Frías, estuvo presente en la lectura de la sentencia y que salió “satisfecho” con la misma. Según esa información, “la buena relación entre Trump y Mauricio Macri puede favorecer a la Argentina” ante los supremos de EEUU.
Este dato no deja de ser aleatorio, toda vez que en 2014, el General Solicitor se inclinó a favor de la idea argentina de que los canjes de deuda eran una decisión soberana, a pesar de la mala relación entre los gobiernos de Barack Obama y Cristina Fernández. La Corte desoyó la opinión y determinó que la Argentina debía indemnizar a los fondos buitre.
El tribunal de primera instancia de Nueva York que ya falló en contra de la Argentina es el mismo que dirigía el recordado juez Thomas Griesa, quien tras su muerte, fue reemplazado por Loretta Preska.
Quiénes están detrás
En junio pasado, Burford Capital anunció que vendió el 15% de los derechos del juicio a un inversor institucional cuya identidad mantuvo en reserva. La clave es que informó que recibió 66 millones de dólares por ese 15%.
Las acciones de Burford Capital cotizan en la Bolsa de Londres. Por esa razón debe informar sobre todos sus movimientos financieros que implican cambios patrimoniales.
Un simple cálculo indica que el valor total de los derechos de Burford en el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF es de 440 millones de dólares.
Pero de acuerdo con las opiniones más informadas sobre el tema, el reclamo de Burford es por entre 2 mil y 3 mil millones de dólares. La diferencia, según publicó en su momento el matutino Ámbito Financiero, se debería a que Burford sólo es dueño de una porción menor de esos derechos, calculada entre el 15 y el 20%. El resto, la parte del león, estaría en manos de otros inversores.
¿Quiénes son estos inversores? “El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el ‘Juicio del Siglo’. O incluso puede ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Se trata en realidad de algo habitual en Burford; un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertise son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso”, señaló Ámbito Financiero.
Semanas atrás trascendió que entre los propietarios de los derechos de este juicio podrían encontrarse actuales o ex funcionarios argentinos, especializados en elaborar la ingeniería financiera de fondos de inversión y que en el pasado se habrían beneficiado con la venta de dólar futuro que realizó el Banco Central al final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Por Randy Stagnaro, en Tiempo.