“¿Cómo se recolectó información para denegar a activistas y organizaciones la participación en la reunión ministerial de la OMC?”, se preguntó el CELS y presentó dos recursos para obtener una respuesta del Gobierno. Representantes de ONGs de Francia y Brasil fueron demorados en Ezeiza y solo pudieron ingresar al país tras la intervención de sus embajadas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó pedidos de habeas corpus y de acceso a la información pública en busca de precisiones sobre la inédita decisión del Gobierno de denegar la acreditación a más de 60 representantes de organizaciones de la sociedad civil para la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se realizará este fin de semana en Buenos Aires. Además, el organismo interpuso un habeas corpus preventivo en favor de las personas que puedan verse alcanzadas por la medida.
“Las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo sobre la participación de determinadas personas en la reunión de la OMC afectan derechos como la libertad de expresión, la libertad de opinión y el derecho a la participación, entre otros”, explicó el CELS.
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— CELS (@CELS_Argentina) December 6, 2017
El organismo de derechos humanos también cuestionó la única respuesta oficial dada por Cancillería al escándalo internacional que se desató tras conocerse la lista negra: en un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores intentó justificar la decisión al afirmar que las personas prohibidas “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”.
“El texto evidencia que se realizaron tareas de acopio de información, recolección, evaluación y/o análisis de información personal”, señaló el CELS y recordó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe que los organismos de inteligencia obtengan información o datos de personas “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.
Hoy el ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, informó a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de su país que, a pesar de las gestiones ante la Cancillería, hoy las autoridades argentinas le confirmaron que mantendrían la negativa a acreditar a representantes de la ONG belga 11.11.11 -que entre sus 60 miembros tiene a reconocidas instituciones como Caritas, Oxfam y Médicos del Mundo-. “Según nuestras fuentes, los delegados de las ONGs alemanas, finlandesas y holandesas se encuentran en una situación similar”, dijo el funcionario según el documento oficial de la reunión de comisión.
Los representantes tanto de organizaciones argentinas y extranjeras habían sido acreditados por la propia OMC, pero el Gobierno argentino revocó esas acreditaciones y rechazó las gestiones de la propia Organización Mundial de Comercio para rever esa decisión. Según informaron a Página/12 desde la Fundación Vía Libre, hoy en Ezeiza intentaron negar la entrada a representantes de ONGs de Brasil y Francia. Fueron demorados y tras más de dos horas, luego de gestiones de sus embajadas, pudieron ingresar al país. “Esta situación es indicio de que en base a la información recolectada se armó un listado que circuló desde la Cancillería hacia la OMC y también hacia Migraciones”, denunció al respecto el CELS.
El Poder Ejecutivo debería explicar si Migraciones está usando la lista de organizaciones y activistas desacreditados de la reunión de la OMC y qué causal del art 29 de la Ley se está aplicando: o no hay motivo o están aplicando el inciso f, lo que sería más grave.
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Por eso, el organismo presentó un conjunto de pedidos de habeas data y una solicitud de acceso a la información pública para “conocer quiénes y cómo construyeron ese listado y cuáles son los antecedentes en manos del Poder Ejecutivo”. Puntualmente pidieron a la Cancillería que informe de manera inmediata qué datos tiene sobre las personas excluidas de la reunión de la OMC, en su poder o en el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia. También reclamaron saber qué dependencias y funcionarios evaluaron las acreditaciones y con qué criterios.
En paralelo, el CELS interpuso ante un juez un habeas corpus preventivo en favor de todas las personas que puedan verse alcanzadas por la lista negra y vieran impedida de manera ilegítima y arbitraria su entrada al país. Desde las organizaciones locales advirtieron que mañana está previsto que lleguen a Buenos Aires más representantes de las ONGs «prohibidas», a quienes les recomendaron tener agendado el número de sus embajadas por si les impiden el ingreso.
Por Joaquín Espert en Página|12.