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Tras el fallo del juez Patricio Marianello que ordenó el «cese inmediato» de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, abogados, juristas y periodistas especializados advirtieron que se trata de un claro hecho de censura previa, que contradice la Constitución Nacional, tratados internacionales e incluso resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez escribió en su cuenta de X que «la interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos».
«La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte IDH desarrolló estándares precisos en la materia», remarcó, y advirtió que «una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone la censura previa a la función periodística, afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión como un derecho colectivo y sostén fundamental del sistema democrático».
Expresamos nuestro más enérgico repudio al intento del Gobierno de @JMilei de censurar a nuestros compañeros @rialjorge y @maurofederico Un nuevo ataque a la libertad de expresión de un gobierno que se destaca por vulnerar derechos y atacar a la democracia
— COMISIÓN INTERNA DE TRABAJADORXS DE C5N 📺 (@TrabajadorxsC5N) September 1, 2025
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aludió además al pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para que se realicen allanamientos a medios y periodistas que difundieron los audios en cuestión en el canal de streaming Carnaval Stream. «El gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse de temas de interés público. En vez de esclarecer los hechos, criminalizan a quienes difunden», afirmaron desde el organismo de derechos humanos.
🚨 #AHORA POR PEDIDO DEL GOBIERNO, LA JUSTICIA CENSURA A CARNAVAL 🚨
Un Juzgado Civil ordenó que no se difundan audios de Karina Milei «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o… pic.twitter.com/suplS9vV6c
— Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 1, 2025
Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón callificó la situación como de «gravedad institucional». Sobre el pedido de Bullrich de allanar los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, afirmó: «La Constitución Nacional es clara: El artículo 14 consagra la libertad de prensa sin censura previa. El artículo 32 prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan esa libertad. Y el artículo 43 reconoce el habeas data y la defensa frente al poder arbitrario».
En este sentido, señaló que «allanar a los que informan es un atentado directo contra el sistema republicano de gobierno (art. 1 CN) y configura un acto de persecución política y lawfare contra la prensa, impropio de un Estado de derecho».
«Desde mi lugar, me solidarizo plenamente con los periodistas perseguidos y advierto: si hoy allanan a quienes publican, ¿mañana qué harán conmigo que denuncié? ¿Poner droga en mi auto? ¿Usar policías corruptos para intimidarme? ¿Mandar a asesinarme?», continuó Dalbon.
Más adelante, el abogado se dirige a la ministra: «Bullrich, tu avance sobre la prensa no es fortaleza: es la muestra obscena de la desesperación de un gobierno que ya no puede ocultar el Watergate argentino: haber robado a los discapacitados. Y de esa infamia no se vuelve».
«Tu historia de violencia te condena: cuando el presidente te recuerda poniendo bombas en jardines de infantes o cuando te jactabas de tirar molotov como Carolina Serrano -continuó Dalbon-. Hoy repetís el mismo método: la represión como respuesta al miedo. Pero quiero decirlo con absoluta claridad: no nos van a callar. Si venís por la prensa, venís por la democracia. Y si venís por mí, Bullrich, me vas a encontrar de frente, con la Constitución en la mano, la verdad en la voz y el pueblo detrás».
Sobre el final de su posteo, afirmó: «La sociedad ya lo sabe: Javier y Karina Milei son corruptos. Sus coimas son canciones, son memes, son el signo de un gobierno acabado. La censura no los salva: los hunde. Libertad de prensa o autoritarismo. No hay punto intermedio».
La libertad de prensa está garantizada en la Constitución. Nadie puede imponer la censura. Ni un juez ni un fiscal ni la Corte. Se trata de una filtración cuya responsabilidad es del Ejecutivo y el pueblo tiene el derecho a saber y los periodistas a revelar lo que se oculta.👇🔥 pic.twitter.com/clzh3l3Bpi
— Juan Alonso (@jotaalonso) September 1, 2025
El caso Servini-Bores
El periodista Matías Mowszet advirtió en su cuenta de X que el fallo es «absolutamente ilegal», y mencionó la jurisprudencia de la Corte en el caso Bores vs. Servini de Cubría. «Un eventual delito en el ejercicio de la libertad de expresión está sometido a responsabilidades ulteriores. La censura previa por parte del Estado está totalmente prohibida», remarcó.
El caso mencionado por Mowset ocurrió en 1992, cuando la jueza María Romilda Servini de Cubría solicitó como medida cautelar que se impidiera la proyección de un tape en el programa de Tato Bores transmitido por Canal 13. Había recibido un llamado anónimo y, aunque no había visto el programa, objetó dos breves escenas de unos pocos segundos, porque le habían dicho que el contenido podía resultar ofensivo hacia su persona. La jueza Alicia Barbagallo rechazó el pedido y Servini apeló, tras lo cual la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital obligó a suspender toda imagen o mención de la jueza.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificó esa decisión como una violación de la libertad de expresión.
Un juez denunciado por abuso sexual
El cuestionamiento no se limita a la decisión del juez Marianello sino que también se dirige a su persona, ya que tiene seis procesos de destitución abiertos en el Consejo de la Magistratura por denuncias de acoso abuso sexual y su futuro dependerá de cómo voten los consejeros afines al gobierno nacional.
El 14 de agosto pasado, el Consejo de la Magistratura avanzó en la investigación contra el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional, a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).
La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita seis expedientes en su contra y este miércoles resolvió notificarlo formalmente de las acusaciones, invitándolo a presentar un descargo. Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días.
Entre las denuncias más graves figura la de una empleada que declaró que, a menos de una semana de comenzar a trabajar bajo sus órdenes, el juez la hostigó para encontrarse fuera del ámbito laboral. La mujer relató que, tras acceder a una salida por temor a perder su empleo, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevó a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral. El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.
Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Testigos habrían señalado la existencia de otros episodios similares.
