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La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y su par de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibieron este miércoles el primer informe elaborado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que investigó el accionar de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) durante el macrismo, señalada como la encargada de la filtración de escuchas telefónicas de exfuncionarios, incluida CFK, y el armado de causas penales.
El diputado nacional Leopoldo Moreau, que preside la Comisión, destacó en la presentación que todos los integrantes de ese órgano parlamentario acompañaron el informe técnico presentado hoy, incluidos los diputados y senadores de la oposición, quienes no firmaron, sin embargo, el dictamen final de la bicameral.
La comisión investiga desde hace varios meses el rol de la Agencia Federal de Inteligencia en el armado de causas penales y la realización de actividades de espionaje ilegales, que comenzaron con la exposición del juez Ramos Padilla en el Congreso el año pasado. A raíz del seguimiento, los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y José Cano (Juntos por el Cambio), y el senador oficialista Claudio Doñate fueron los encargados de encabezar una subcomisión que se dedicó exclusivamente a estudiar el caso de la DaJuDeCo, encargada durante el gobierno de Mauricio Macri de administrar las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia federal.
Moreau recordó que la génesis del tema se remonta al 24 de diciembre de 2015 cuando el entonces Presidente emite un Decreto de Necesidad y Urgencia despojando a la Procuración General de la denominada oficina de escuchas, en el marco de la guerra iniciada por la gestión de Cambiemos contra la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. “Durante la gestión de la Procuración no hubo una sola filtración en materia de escuchas”, recordó el diputado.
Según el presidente de la bicameral las irregularidades comenzaron en ese mismo momento cuando el 29 de diciembre, cinco días después, la Corte acepta el traspaso y, meses decide la creación de la DaJuDeCo y su conformación, que estaría presidida por un juez federal integrante de una cámara, que resultó ser Martín Irurzun, reconocido por ser el autor de la denominada “doctrina Irurzun” por la que varios exfuncionarios fueron encarcelados preventivamente.
“En esta tarea reiteradamente, nuestros técnicos y profesionales recabaron información específica sobre el sorteo. El acta de sorteo no existe hasta hoy. Dicen que a pesar de que no hay acta ni testigos del sorteo, el hecho de que se haya dictado una acordada de la Corte significaba darle fe al acto por sí mismo”, detalló Moreau sobre la designación de Irurzun en el sorteo que incluyó a más de cien jueces de todo el país.
En este sentido, el diputado recordó el caso del actual senador Oscar Parrilli, colaborador histórico de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quienes trascendieron escuchas telefónicas de conversaciones privadas. “En el estudio de casos específicos surgió algo que es tal vez la piedra angular de la irregularidad de todo este mecanismo, que es el hecho de que, al estar conducida esta estructura por jueces penales, hubo situaciones donde se producía la paradoja de que, quienes producían la prueba (la DaJuDeCo), posteriormente tenían la facultad de calificarla en el proceso (los camaristas)”, explicó.
“Cuando el doctor Parrilli acude a los Tribunales en esas causas quien decide respecto a esta apelación que había llevado a la Cámara es el propio doctor Irurzun, que a su vez era el director de esta oficina. En su doble papel tenía la posibilidad de producir la prueba y después calificarla como juez”, detalló.
Otro de los casos más resonantes de la estructura fue el de la recepción de escuchas realizadas en el Penal de Ezeiza a ex funcionarios del kirchnerismo a manos del fallecido juez Claudio Bonadio, en un proceso que calificaron como “indebido e ilegal”.
De acuerdo con el relato de Leopoldo Moreau, Bonadío realizó un pedido informal a la DaJuDeCo para acceder a esas escuchas que habían sido ordenadas por otro juez (Villenas, de Lomas de Zamora, que investigaba a un narco detenido en Ezeiza) e Iruzun accede a entregárselas.
“Curiosamente a las pocas horas parte de esas grabaciones aparecen a la luz pública de la mano del fiscal Stornelli que se presenta diciendo que había recibido las grabaciones de un anónimo”, recordó.
Dentro del informe presentado ante los titulares de ambas cámaras legislativas, también está incluido el caso de las escuchas realizadas sobre los teléfonos de la familia de Santiago Maldonado, el joven que falleció en medio de una represión de la gendarmería en la Patagonia.
