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Por decisión del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, 86 trabajadores de radio y televisión de los medios públicos locales fueron despedidos. A pesar de que el mandatario dijo que liquidarían la indemnizaciones, los despedidos empezaron a recibir llamados en los que les «ofrecen» un contrato si aceptan resignar 60% de lo que les corresponde.
«Luego de que el Estado provincial anunciara en conferencia de prensa que liquidarían las indemnizaciones en tiempo y forma, extorsionaron a los trabajadores con la promesa de un contrato precarizado si aceptaban cobrar sólo el cuarenta por ciento», comunicó el gremio de Televisión Satsaid.
El sindicato, que repudió lo que catalogó de despido injustificado y arbitrario de 86 trabajadores y trabajadoras de radio y televisión, sostuvo que la decisión «no solo afecta sensiblemente el bienestar y el sustento de casi un centenar de familias, sino que vulnera por completo el derecho de acceso a la información de los chaqueños y las chaqueñas».
«Con un cinismo asombroso, entre gallos y medianoche, el Estado provincial anunció los despidos en Somos Chaco informando a las y los compañeros que tenían ‘la libertad de retirarse’, teniendo en cuenta que la empresa ECOM Chaco, en la cual funcionaban la radio y televisión estatales, ya se había desentendido del tema. El único argumento esgrimido por el Gobierno fue una reducción de gastos, ante sueldos de miseria que ellos suponen altos».
Desde el sindicato explicaron que la gestión había asegurado que liquidarían en tiempo y forma las indemnizaciones pero «autoridades del Gobierno provincial comenzaron a comunicarse con las y los compañeros, extorsionándolos para que acepten el cobro del cuarenta por ciento de la indemnización total a cambio de un contrato precarizado».
«En un momento de extrema inestabilidad en Argentina, la generación de puestos de trabajo es fundamental para el desarrollo de nuestro país. La falta de ética y responsabilidad social esgrimidas por las autoridades del Estado provincial dejan en evidencia que el único interés que tienen es el de priorizar sus intereses económicos por sobre la dignidad de quienes perciben un salario por el trabajo realizado», señalaron.
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