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El Tribunal de Apelaciones de Santiago de Chile ha declarado este jueves inadmisible el recurso de amparo presentado para revocar la prisión preventiva ordenada el lunes pasado contra el dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh) y alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, en un caso que le investiga por presunta corrupción.
Jadue es una de las principales figuras del PCCh, partido que integra la coalición de gobierno. Fue candidato presidencial y es actualmente alcalde del municipio de Recoleta, al norte de Santiago. Está acusado de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas «Farmacias Populares», una iniciativa que él impulsó como competencia de las cadenas comerciales.
La jueza Paulina Moya dictó la prisión preventiva el lunes al estimar que la libertad de Jadue «resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad», en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
La defensa del alcalde, que presentó una apelación que fue rechazada, sostuvo desde el comienzo que el caso forma parte de una persecución política. El día en que le dictaron la prisión preventiva, el propio Jadue indicó en la red social X: «Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada».
Este jueves, el Tribunal de Apelaciones de Santiago de Chile declaró «inadmisible» el recurso de amparo presentado para revocar la prisión preventiva de Jadue.
Jadue tiene 56 años, es sociólogo, arquitecto, de ascendencia palestina, dirigente del Partido Comunista y aprendiz del laúd árabe. Cuenta con un fuerte apoyo popular que se expresó el lunes cuando un tribunal lo condujo a prisión preventiva y decenas de personas se lanzaron a las calles y manifestaron su descontento.
Solidaridad
Desde el dictado de la prisión preventiva, organizaciones y políticos expresaron su solidaridad con Jadue ante un proceso que es calificado de injusto y desproporcionado.
Una publicación del Comité Central del Partido Comunista de la nación austral manifestó su más amplio respaldo al jefe comunal y agradeció las múltiples expresiones de apoyo, tanto a nivel nacional como internacional.
Para el periodista especializado en derechos humanos Juan Fran Torres, este caso forma parte del lawfare (guerra jurídica) en Latinoamérica. “Su único delito ha sido proponer una nueva forma de gobierno, desafiando al modelo perverso”, afirmó.
Por su parte, el eurodiputado español Manu Pineda aseguró que el proyecto juzgado hizo de la salud un derecho y no un privilegio.
En tanto, más de 1500 personalidades rubricaron una carta en la que calificaron el proceso como un caso de persecución hacia una figura pública.
Unas 30 organizaciones de la región mostraron su apoyo, entre ellas el Foro de Sao Paulo, Alba Movimientos y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. A la lista se suman la Marcha Patriótica de Colombia, el Frente Patria Grande de Argentina y el Movimiento Sin Tierra de Brasil.
La acusación
Jadue, electo en tres ocasiones en uno de los barrios más populares de la Región Metropolitana, está siendo investigado por supuestas irregularidades cometidas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que él mismo lideró, en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia de covid-19.
Uno de esos proveedores, la empresa Best Quality SPA, presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos. Desde que se conoció la imputación, el alcalde criticó que llegara en medio de un año electoral, ya que hay comicios municipales en octubre.
Jadue aseguró que «habiendo podido ser hace años o en 10 meses más, ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad», y subrayó que «es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa lo que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia».
La Fiscalía argumentó que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 «era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas» de las farmacias populares, ya que «su trayectoria política» podía ser desvirtuada por una mala gestión. En ese sentido, señaló, «no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración».
La Achifarp aglutinó a varios municipios que se acoplaron a la iniciativa de las farmacias populares, uno de los proyectos estrella del alcalde comunista que buscaba suministrar medicamentos e insumos médicos a mejores precios que los del mercado. El Ministerio Público, que también imputará a otras siete personas, abrió a mediados de 2022 una investigación luego de que se presentara la querella contra los líderes de Achifarp, entre ellos Jadue, quien presidía la organización.
Otras voces
Sobre el caso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, desmintió que exista una persecución hacia Jadue en una entrevista con Tele13 Radio. «No hay una persecución y es un estilo que él tiene, creo que habla más de su estilo que de una crisis política mayor, esta manera de plantearse ante esta situación», sentenció Tohá refiriéndose a las declaraciones de Jadue, y agregó: «Hemos aprendido que en una democracia puede suceder que un sector político que está en el gobierno enfrente reveses judiciales complejos».
Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que, al igual que otros casos similares, el Ejecutivo «respeta la labor de la justicia». Respecto a la postura del gobierno ante este caso, Vallejo dijo que están firmes con «cumplir una labor institucional y respetar nuestra labor como Poder Ejecutivo, un poder del Estado que es autónomo del Poder Judicial y que, por lo tanto, también respeta la autonomía de ese Poder Judicial».
La secretaria general del PCCh, Bárbara Figueroa, calificó la medida cautelar como «lamentable y desproporcionada». La exembajadora chilena en Buenos Aires llamó a esperar que «la investigación y juicio termine por acreditar la inocencia de Daniel».
Más dura fue la diputada Carmen Hertz, quien expresó en su cuenta de X: «Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Daniel Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes».
