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Chile: Se intensifica la represión al pueblo mapuche con otro violento desalojo

Durante la mañana de este jueves se efectuó un nuevo desalojo en el marco de las protestas realizadas por el pueblo mapuche en el marco de la campaña por la liberación de los presos políticos mapuche. Esta vez, la decisión fue tomada desde la Intendencia de Tirúa y el Ministerio del Interior, en un procedimiento que fue catalogado como brutal y violento.

En este marco, incluso desde la congregación de Jesuitas se rechazó “la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía, hoy en particular la Municipalidad de Tirúa (región del Biobío), que se encontraba ocupada pacíficamente”.

La violencia escaló a tal punto que incluso un sacerdote jesuita que acompañaba a los comuneros mapuche fue golpeado y detenido junto a dos mapuche en el desalojo realizado por Fuerzas Especiales. Desde la congregación denunciaron que “Carlos Bresciani y dos comuneros fueron detenidos por un grupo de Carabineros, sin provocación previa. El padre Carlos fue detenido injustamente, como lo han sido cientos y cientos de mapuche a lo largo de la historia. La violencia del Estado es el signo más claro de la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de este pueblo”.

La situación deja a la luz la intención por parte del Gobierno a salir a apoyar y reproducir las acciones desarrolladas por la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), en defensa de los sectores latifundistas y empresariales. Se trata de una acción represiva que deja a la luz el profundo racismo que se mantiene en el país, funcional a preservar a una elite en el poder y los bolsillos y propiedades usurpadas por parte de latifundistas, terratenientes y empresarios.

Odio racial

El sábado pasado, un grupo de personas atacó a comuneros mapuche que llevaban varios días manifestándose por la liberación de 27 presos políticos mapuche que realizan una huelga de hambre hace más de 90 días. Estos hechos de violencia pusieron en evidencia el creciente odio racial hacia este pueblo indígena, por lo que diversos organismos de derechos humanos se han pronunciado en rechazo.

En entrevista con Nodal, Aucan Huilcamán, dirigente del Consejo de Todas las Tierras de La Araucanía, advirtió que “esta nueva etapa de odio racial podría desembocar en situaciones incontrolables”

«Los hechos se han ido agravando por el largo tiempo en que 27 personas están en huelga de hambre hace ya más de 90 días en las cárceles de Temuco, de Angol y de la región de Biobío. Según los médicos, el estado de salud de los presos es verdaderamente complicado y en definitiva el gobierno puede estar jugando su estrategia a la espera de un mal desenlace en la vida de alguno de los huelguistas, ya que así se producirá una gran movilización mapuche y de esta manera podrá justificar una mayor militarización», repasó Aucan, y afirmó que «Chile está bajo el estado de excepción constitucional a raíz de la pandemia, sin embargo, La Araucanía tiene una doble militarización».

Sobre los hechos de violencia que se cometieron en las ciudades de Curacautín y de Victoria en los días pasados, el dirigente consideró que «es el resultado directo de tres cuestiones fundamentales», y enumeró: «En primer lugar, se deben a la agitación y la provocación  del ministro del Interior Víctor Pérez Varela en su primera visita en su cargo al territorio mapuche. Él señaló que esta situación podía ser más grave de lo que estaba en ese momento, por lo tanto eso da cuenta que tenía información privilegiada acerca de que se preparaba una situación de carácter violento en contra del pueblo mapuche».

«En segundo lugar, esta situación de odiosidad racial de los chilenos en contra de los mapuches prácticamente pone de relieve los conflictos de intereses patrimoniales que hay de la clase gobernante en el territorio mapuche -continuó-. Los expresidentes post dictadura militar y el actual presidente, los ministros de Estado, los senadores y diputados tienen patrimonio territorial al interior de las comunidades mapuche de La Araucanía y del Biobío, como así varios de los ministros de Corte de Apelación de Temuco».

En definitiva, concluyó, prácticamente toda la clase política gobernante post dictadura está comprometida de alguna manera con sus conflictos de intereses patrimoniales y en la causa fundamental del conflicto. «No ha habido una voluntad de ninguno de los gobernantes post dictadura de abordar de manera seria la situación, todo ha sido de manera parcial y todos han apuntado a folklorizar y a criminalizar a la causa mapuche. Los gobiernos se han caracterizado por utilizar las leyes antiterroristas en contra de los mapuches, llevándolo todo al ámbito del conflicto y de las controversias y no buscaron maneras aceptables a favor de una convivencia entre mapuches y no mapuches en La Araucanía», señaló.

«Definitivamente las odiosidades raciales que subyacen desde la ‘Pacificación de La Araucanía’ y la ‘Conquista del Desierto’ en Argentina se han puesto de manifiesto», completó Huilcamán.

Advirtió luego que «detrás de esto está un partido que forma la alianza del actual gobierno de Sebastián Piñera, la Unión Demócrata Independiente y los agricultores de La Araucanía están liderados por militantes activos de los partidos políticos del gobierno. Esta es la situación fundamental que hace que en definitiva no haya indicios de diálogo para un entendimiento entre mapuches y no mapuches».

«Por eso esta nueva etapa de odiosidades raciales que se inaugura en La Araucanía podrían desembocar en situaciones incontrolables debido a que podríamos entrar a un enfrentamiento físico racial entre mapuches y no mapuches de La Araucanía y que, de alguna manera, ya está ocurriendo con la violencia que se ha manifestado días anteriores», advirtió.

En tercer lugar, finalmente, indicó que «esto no es una situación nueva, es histórica; cuando Cornelio Saavedra salió de Santiago y vino al sur de Chile, pasó a abrir las cárceles de Chillán y de Concepción y trajo un gran contingente de delincuentes para actuar en contra de los mapuches. Esa misma clase de gente actuó en contra de Perú, en Lima, en lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, la figura símbolo de la violencia en Chile prácticamente subyace en un segmento de la sociedad».

Consultado sobre los principales reclamos del pueblo mapuche, marcó tres cuestiones fundamentales. «En primer lugar, con el acto de ‘Pacificación de La Araucanía’ hay que recordar que se cometió un genocidio y que está en completa impunidad. Los actos militares en el contexto de la ‘Pacificación’ son un tema hoy en día imprescindible que se debe esclarecer. Los mapuches hemos propuesto conformar una comisión de esclarecimiento histórico para que se conozca la verdad y así evitar que cada gobernante y autoridad de la región tenga su propia versión de los hechos».

En segundo lugar, apuntó, «se cometió el despojo de tierras y territorios que es la causa de las actuales tensiones y controversias». Y en tercer lugar «se produce un daño en el ámbito cultural e inmaterial con los mapuches, el cual tampoco se ha reparado y se anuló el derecho de autodeterminación». Sin embargo, aclaró, «este último derecho hoy en día ha sido restablecido de parte del derecho internacional en la declaración de Naciones Unidas que establece que ‘los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo social y cultural’”.

«Una lectura aterrizada en Chile diría que el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación y, en virtud de ese derecho, determinan libremente. Por lo tanto, lo que viene en el futuro próximo es la formación de un gobierno mapuche desde el Biobío al Sur y esto no está supeditado ni relacionado al proceso constituyente chileno que comienza luego del estallido social, sino que comenzó el 30 de noviembre de 2016», completó.

Carta a organismos

Senadores y senadoras de la oposición chilena enviaron una carta a organismos internacionales de Derechos Humanos “con el fin de poner en conocimiento de las autoridades del sistema los graves hechos de discriminación racial en contra de personas del pueblo mapuche”.

La misiva está dirigida a José Francisco Cali, Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos.

“Nos dirigimos a ustedes en su calidad de relatores especiales en las materias del sistema de derechos humanos vinculados a las graves contravenciones que aquí hemos consignado. En específico, les solicitamos requerir información al Estado de Chile sobre los hechos descritos en esta carta y que puedan formular  las recomendaciones pertinentes para que estos hechos sean investigados, se sancione a las personas responsables y se repare a las personas afectadas, buscando prevenir hechos de esta misma naturaleza hacia el futuro, erradicando estos signos de racismo y discriminación”, señala parte de la carta firmada por Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (Pais Progresista), Ximena Órdenes (independiente), Isabel Allende (PS) y Guido Girardi (PPD).

Según el senador Latorre, “creo que es urgente el diálogo entre el gobierno y voceros del pueblo nación mapuche. Los presos mapuche llevan 94 días en huelga de hambre. Los presos de Angol entraron a huelga de hambre seca. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado he propuesto esta carta e invité a los demás senadores a que la firmen, pues es urgente contar con el involucramiento del sistema internacional de Derechos Humanos para buscar una solución pronta al conflicto”.

Nodal

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