Por Andrea Guzmán, en Latfem. El próximo 25 de octubre Chile se dirige a uno de los eventos políticos más intensos de su historia democrática: la ciudadanía decidirá mediante un plebiscito si desea iniciar el proceso a una nueva Constitución y, si así fuese, determinará también el órgano a cargo de su redacción. Será la primera vez desde el fin de la dictadura militar que el país convoca a un referéndum de estas características.
El 15 de noviembre del 2019, a un mes del llamado estallido social chileno, partidos políticos de oposición y oficialismo se reunieron en el ex Congreso Nacional en Santiago para discutir el inicio de un posible proceso constituyente. La crisis en el país era considerable: las imágenes de los excesos policiales con los que respondió el gobierno de Sebastián Piñera a las protestas daban vuelta al mundo y las movilizaciones masivas —que iniciaron con una marcha de más de un millón de personas y devinieron en un movimiento activo hasta hoy— no daban señal de descomprimirse.
La alianza bautizada “Acuerdo por la Paz Social”, determinó la realización de un plebiscito para preguntar a las chilenas y chilenos si deseaban la redacción de una nueva Constitución; uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, que la considera uno de los genes del sistema desigual por el que protesta.
En su historia contemporánea, varias veces estallaron movilizaciones sociales en Chile pero ninguna había alcanzado aún características tan transversales como las del 18 de octubre pasado: una explosión social transversal, sin dirigentes ni líderes visibles, de convocatoria masiva, con movilizaciones urbanas diarias y persistentes. Esta vez, el descontento de la población obligó a la institucionalidad a repensar orgánicamente el modelo heredado de la dictadura, algo que en 30 años de democracia, aun con gobiernos de izquierda en su mayoría, nunca había hecho en profundidad.
“El proceso por una nueva Constitución representa un hito clave en la historia política y social de este país, algo que únicamente está siendo posible gracias a que la revuelta de octubre vino a modificar diversas estructuras sociales”, explicó a LATFEM, Nicole Henriquez, abogada especialista en derecho laboral y asuntos de género. Y agregó: “La Constitución que nos rige le entrega el poder de forma irrisoria al empresariado y a la iniciativa privada, despojando de una serie de derechos a las personas, que actualmente poseemos un largo catálogo de libertades, pero no de derechos fundamentales”.
La actual Constitución chilena fue escrita en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte y es el sostén que blinda un modelo neoliberal agresivo basado en la privatización, el endeudamiento y la acumulación de riquezas, contra el que los chilenos protestan desde el año pasado. El movimiento social es peculiar no solo por su persistencia y surgimiento espontáneo, sino porque no enarbola una demanda única, evidencia más bien una estructura. El acceso a la educación y salud pública, el fin del sistema de pensiones privado —que en Chile otorga utilidades extraordinarias a las empresas que lo administran—, la reivindicación de los pueblos originarios, la regulación de la concentración de riqueza extrema y de explotación de recursos naturales, la perspectiva feminista son solo algunas de las demandas que se aglutinaron.
La discusión sobre una nueva Constitución no es nueva. Hace varios años, algunos actores empezaron a alertar sobre la necesidad de hacer cambios estructurales en la Constitución, cuyas reformas no eran suficientes para generar transformaciones profundas en el modelo económico.
El abogado constitucionalista Fernando Atria se ha dedicado a explicar el tema durante la última década en una serie de columnas y ponencias: “Nuestra Constitución originariamente fue la solución a un problema que enfrentaba la dictadura: ¿Cómo hacer para evitar que la cuidadosa reconstrucción de Chile que habían hecho para instalar el modelo neoliberal fuese revertida cuando la dictadura terminara? Por supuesto, ellos pensaban que el gobierno que viniera después iba a querer revertir el modelo neoliberal. En eso se equivocaron. Pero de todas formas nos legaron su solución: en vez de hacer una Constitución explícitamente antidemocrática, que hubiese durado solo un par de años, lo que crearon fue una Constitución cuyo sentido fuera configurar una política incapaz de adoptar cualquier decisión transformadora. Entonces, la política no iba a poder transformar el modelo neoliberal, ni de educación, ni laboral, ni de pensiones. Sí podría corregir, como lo ha hecho, pero nunca transformar. Esa es la decisión fundamental de esta Constitución: configurar una política incapacitada”.
La Constitución de la dictadura tuvo más de 40 reformas, incluyendo un ambicioso set de modificaciones en el gobierno del socialista Ricardo Lagos durante el 2005 que, entre otras cosas, eliminó a los senadores designados y vitalicios heredados de la dictadura. Sin embargo, las reformas del texto nunca cambiaron la lógica integral del modelo. Uno de los bastiones del mismo es que Chile sea un Estado subsidiario, es decir, que el Estado no provee las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que las deja en manos privadas, lo que permite la concentración de la riqueza de las empresas de forma ilimitada.
Esta vez, no se propone reformar la Constitución, sino redactar el documento desde cero. El 25 de octubre, los votantes recibirán dos papeletas. Una de ella con la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, cuyas respuestas posibles serán Apruebo o Rechazo. La segunda “¿Qué tipo de órgano debería redactar la Nueva Constitución?”, donde habrá que decidir entre Convención Constitucional o Convención Mixta.
Este último es uno de los puntos interesantes del proceso, ya que de resultar victoriosa la opción Convención Constitucional, el órgano deberá ser paritario —y con ello, único en el mundo— y con cupos especiales para pueblos originarios, además se conformará con 155 miembros, todos electos por la ciudadanía, que no provendrán necesariamente del Congreso. En caso contrario, de decidirse por la Convención Mixta, el órgano estaría compuesto en un 50% por parlamentarios en ejercicio y un 50% por personas electas.
Aunque las protestas en las calles disminuyeron en intensidad por la pandemia y las medidas de aislamiento, las chilenas y chilenos han seguido organizándose en ollas comunes en los barrios, cacerolazos desde los balcones y otras manifestaciones ciudadanas. Un último sondeo realizado por la Encuesta Criteria Research indicó que un 59% de los encuestados votaría por la opción Convención Constitucional y un 64% está convencido de ir a votar el 25 de octubre con un protocolo sanitario. “No tengo dudas de que esta nueva constitución requiere del impulso de la calle, de la conversación en los territorios, de una articulación de base que sea parte de la discusión inmediata. Si bien siempre existirá esa sensación de desesperanza, germinada principalmente por lo que ha sido la historia política chilena, la herencia de la dictadura y nuestra ‘justicia en la medida de lo posible’, es importante que en esta pasada cumplamos un rol clave y podamos avanzar en una nueva Constitución, redactada únicamente por la ciudadanía y con una cuota que nos asegure, a nosotras las mujeres, una participación del 50%”, dice Nicole Henriquez.
Las propuestas feministas para una nueva Constitución surgieron desde el año pasado pero, sobre todo, quedaron plasmadas en lo que fueron las discusiones del segundo Encuentro Plurinacional de las que Luchan en enero. A su vez, esta semana periodistas y comunicadoras sociales feministas se organizaron y manifestaron publicamente para promover una agenda informativa con enfoque de género y derechos humanos con el fin de aportar a la transformación de las condiciones del periodismo en Chile. El lanzamiento de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chilefue en el contexto del plebiscito y anunciaron que también trabajarán por una nueva Constitución, incentivando el debate sobre el derecho a la comunicación desde una mirada feminista.
De resultar victoriosa la opción por el Apruebo, la Constitución deberá redactarse en el plazo de un año y ratificarse en un nuevo plebiscito.