Chubut: Proyecto Navidad y represión 

Por Sebastián Premici, en El Cohete a la Luna. En la provincia de Chubut no hay licencia social para la megaminería. Lo que sí existe es un debate abierto hace casi 19 años cuando se sancionó la ley 5001 “No a la minería”, luego de un plebiscito popular. El tema es que en reiteradas oportunidades el gobierno de Mariano Arcioni pretendió modificar por la ventana la legislación vigente. Lo impulsó durante el macrismo y ahora con el aval extractivista del ministerio de Desarrollo Productivo.

Lo de Chubut es una marca del clima de época para un diciembre convulsionado donde hay mucho de impostura y teatro de operaciones. Los bloques provinciales de Cambiemos y la UCR rechazaron el proyecto de zonificación junto a una mayoría del Frente de Todos, a excepción de dos legisladoras que se dieron vuelta en la última semana luego de haber negociado con el gobernador determinados lugares de poder.

Arcioni cree que la minería resolverá todos los problemas económicos de la provincia. Ese es un reduccionismo mucho más caro que la deuda en dólares que la jurisdicción tomó en pleno apogeo cambiemita.

Cuando Macri empujó a las provincias a emitir bonos en moneda norteamericana, luego del pago a los fondos buitres y tras la decisión de recortar el gasto público, Chubut emitió 700 millones de dólares. En tres años, el total de su deuda se había multiplicado por 5 y los intereses por 20. Durante esos años, la pobreza de los aglomerados de Comodoro Rivadavia (con fuerte incidencia de las actividades petroleras y uno de los salarios más altos de las actividades privadas), Rawson y Trelew explicaron el 50% del incremento de la precariedad social de toda la Patagonia.

Como el debilitado gobierno de Arcioni carece de licencia social –su partido quedó tercero en las últimas elecciones de medio término– recurrió a la represión comandada por su ministro de Seguridad, Federico Massoni, especialista en atracos a los movimientos sindicales y de trabajadores.

En la madrugada del jueves hubo una cacería que se extendió a barrios ubicados a veinte cuadras de la Casa de Gobierno. La ciudad fue sitiada. Desde la CTA denunciaron que la propia policía local infiltró agentes sindicados como responsables de iniciar los ataques contra la gobernación. Los videos de la jornada, captados por diferentes militantes, dan cuenta de la existencia de esos infiltrados.

Teatro de operaciones

No fue entre gallos y medianoche pero sí a las apuradas y con bastante prepotencia. El gobierno de Arcioni aprovechó que la zonificación minera ya contaba con dictamen para que, en una sesión convocada el mismo 15 de diciembre, el cuestionado proyecto fuera convertido en ley.

“Entendemos que ante este atropello sólo es posible la movilización popular”, expresó un conjunto de obispos patagónicos. La vuelta de la paz social “sólo es posible con la derogación de la ley”, advirtieron.

La movilización social que había comenzado el mismo 15, tanto en Rawson como en otras localidades, era pacífica. Hasta que a la noche empezó a desplegarse un fuerte operativo de seguridad ante la inminencia de la votación.

Tras la aprobación del proyecto, la represión.

“Había compañeros que a dos cuadras de la Legislatura sentían los gases. Las balas de goma se escuchaban por todos lados. Se juntaron los cartuchos en baldes, rebalsaban. Hubo múltiples heridos. Hasta las tres de la mañana hubo una cacería en Rawson que llegó hasta los barrios Malvinas o 3 de abril, ubicados a 20 ó 25 cuadras del centro. La cacería fue en plazas, casas, iban en autos particulares, disparaban desde las camionetas de la policía. Algo nunca visto”, sostuvo Tomás Montenegro, dirigente de la CTA provincial.

Tras la represión durante la madrugada, al día siguiente la sociedad se movilizó hacia la Casa de Gobierno. Más de 4000 personas rodearon la sede gubernamental durante el jueves. Arcioni dobló la apuesta y promulgó la norma.

La gente se movía en familia. Lo que sucedió después, denuncian desde la CTA, fue la puesta en escena de un nuevo operativo policial con infiltrados que habrían generado el caos que terminó sucediendo.

En uno de los videos captado por los manifestantes puede observarse cómo descienden de un vehículo policial dos personas que se hacen pasar por manifestantes. Esa puerta corresponde al lateral de la casa del gobernador. En la esquina está la sede administrativa.

El contexto

No es la primera vez que en la provincia se despliega este modus operandi. “No estamos en una época para tibios”, se jactaba Massoni en 2019, luego de que Arcioni ganara la gobernación. Meses después, el funcionario jugó otra carta al convalidar el ataque a un grupo de docentes que cortaba la Ruta Nacional 3 por parte de varios integrantes del gremio de petroleros privados de la provincia.

El desmanejo administrativo y económico en Chubut lleva varios años. Comenzó con el endeudamiento en dólares impulsado por Mario Das Neves en 2016. Tras la muerte del ex gobernador, Arcioni profundizó el conflicto con los trabajadores y trabajadoras estatales. Además pretendió ser el mejor alumno de Cambiemos al aprobar por decreto un fenomenal ajuste de la estructura del Estado, del cual luego tuvo que retractarse.

En 2019 ganó la gobernación con el apoyo de Sergio Massa. Dos años después, su fuerza política quedó tercera.

Acuerdos

“La licencia social no debe confundirse con la posibilidad de contar con una ley. Es algo que debe sostenerse en el tiempo. Hay un debate inconcluso aún, que no puede resolverse ni tratarse de manera opaca”, insiste Rubén Zárate, exministro de Educación de la provincia durante la gestión de Martín Buzzi y actual integrante de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación.

La votación de la zonificación resultó con 14 votos afirmativos contra 11 negativos. Entre quienes acompañaron hubo tres cambios a último momento. Uno fue el caso de Pablo Nouveau, quien responde a Carlos Linares, ex intendente de Comodoro Rivadavia. También cambió de opinión Adriana Casanovas, aliada del actual intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, y Mónica Saso, del sector que responde a la ex senadora Nancy González (Puerto Madryn). Ambas integran al Frente de Todos.

¿Cómo se dieron vuelta? En una sesión anterior, el cuerpo había aprobado el pliego del Tribunal Superior de Justicia, donde quedaron marcados algunos acuerdos políticos entre el gobernador, Luque, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y el vicegobernador Ricardo Sastre.

A su vez, el mismo miércoles la Legislatura designó como fiscal anticorrupción a Diego Carmona, estrecho colaborador de Nancy González.

“Ese combo influyó para que Casanova y Saso votaran como lo hicieron cuando venían sosteniendo una postura diferente”, explicó un legislador provincial.

Al día siguiente de la votación, el primer municipio que adhirió a la zonificación minera fue Puerto Madryn.

Feliz Navidad

La zonificación votada en Chubut fue a la medida del proyecto Navidad, encarado por la canadiense Pan American Silver en los departamentos de Gastre y Telsen. La empresa sostiene que invertirá 1.200 millones de dólares y generaría exportaciones por 300 millones.

“Se ha entregado a las corporaciones mineras un cuarto de la provincia, en dos de los departamentos más grandes. Chubut ya está repartida entre el poder económico del petróleo en el sur, de la pesca en la zona atlántica norte y entre los grandes terratenientes como Benetton en la zona cordillerana. Lo que faltaba es una nueva corporación para terminar de rifar la región”, sostiene Montenegro.

Pan American Silver también opera desde 2008 en Santa Cruz, provincia donde sí hay licencia social. Durante el macrismo, y ante la quita arbitraria de recursos, la gobernadora Alicia Kirchner ideó un fideicomiso financiado con otro porcentaje de las ventas de las mineras, además de las exiguas regalías del 3%. Ese dinero se utilizó de manera federal en todos los municipios de la provincia, tengan o no actividad metalífera.

El gobierno nacional apuesta a la minería como otro de los vectores para su salida exportadora, ante la necesidad de generar dólares para pagarle al FMI y alcanzar un crecimiento que derrame hacia el resto de la sociedad.

Según un trabajo del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), el sector pasó de explicar el 0,72% del valor agregado bruto en 2004 (precios corrientes) al 0,91% en 2019, con un pico del 1,29% en 2006.

“Dicha creciente relevancia también se plasmó en el plano del empleo formal privado, que más que se duplicó entre 2001 y 2019, al haber pasado de 10.200 puestos de trabajo formales privados directos a 24.500”, agrega el trabajo oficial publicado esta misma semana.

Además de inversiones y puestos de trabajo, ¿qué deja la minería en los territorios? ¿Cuánto se lleva? ¿Cuáles son los costos y la rentabilidad de las empresas extractivistas? Son dos preguntas que no invalidan la discusión sobre las potencialidades (o no) de esta actividad económica. ¿Cuánto más de valor agregado podría agregársele al oro o la plata que se extrae en el país? ¿Por qué la estabilidad fiscal? ¿Por qué no aumentar las regalías? ¿Cuántos dólares podrían quedarse en las arcas públicas si el Estado nacional participase de las ventas al exterior de esos minerales?

¿Cuánto más grande podría ser el desarrollo del país si, efectivamente, fuese dueño de los recursos naturales? Porque convéngase que si bien las provincias son dueñas de los recursos, las empresas privadas se manejan con muchísima discrecionalidad. Esto ocurre con la pesca, el petróleo, las cerealeras y la minería.

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