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Los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, fueron convocados este miércoles a una audiencia por el juez Roberto Gallardo en la causa en la que ordenó retirar el vallado y la custodia de la Policía de la Ciudad de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Al hacer lugar a una acción de amparo que pedía sacar el vallado y terminar con la presencia de efectivos de la Policía porteña de las inmediaciones del departamento, Gallardo convocó a las partes a una audiencia presencial este miércoles a las 11 para escuchar los argumentos antes de resolver la cuestión de fondo.
Fuentes judiciales informaron que, hasta la tarde del martes, ninguna de las partes había cuestionado la convocatoria, con lo cual el llamado a la audiencia seguía en pie. La audiencia está prevista en la sede del juzgado, ubicado en avenida de mayo 654, en el centro porteño.
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que apelará la decisión de Gallardo y que también lo recusará, aunque hasta este mediodía no se había recibido el recurso en el juzgado, precisaron las fuentes.
El magistrado ordenó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que «cese en forma inmediata» la «ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación».
Lo hizo en relación a la decisión del Gobierno de CABA de colocar vallados y custodia de la policía metropolitana ante las manifestaciones de apoyo a la Vicepresidenta frente a su departamento del barrio porteño de Recoleta, a raíz de la acusación en su contra en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
El juez resolvió ante acciones de amparo presentadas por Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros.
Gallardo ratificó que, en base al régimen legal vigente, «la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales».
Además, dejó establecido que «la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso».
