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La causa que inició el camino al lawfare en la Argentina llega a juicio oral. El próximo 12 de diciembre a las 11, el ingeniero David Cohen estará sentado en el banquillo de los acusados por haber fraguado un peritaje técnico copiando párrafos enteros de sitios de Internet y citando organismos internacionales inexistentes, en el marco de la investigación por la importación de gas natural licuado (GNL), una denuncia de 2014 en plena tarea de demolición mediática del gobierno kirchnerista de cara a las elecciones nacionales del año siguiente.
El peritaje de Cohen propició que el difunto juez Claudio Bonadio dispusiera los procesamientos con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner; del exministro Planificación, Julio De Vido, y del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta.
El Tribunal Oral Federal número uno, integrado por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grunberg, comenzará a juzgar a Cohen por el presunto delito de “falso testimonio en causa criminal”, por el que podría ser condenado a una pena de hasta diez años de cárcel.
El expediente fue elevado a juicio por el juez federal Sebastián Ramos. Cohen se encuentra procesado desde el 8 de marzo de 2019.
El hecho que lo tiene a tiro de condena ocurrió el 8 de agosto de 2017, cuando presentó ante Bonadio “un informe pericial que contiene inserto declaraciones y datos falsos y otros que fueron plagiados”.
Según la imputación, “el objeto de la pericia tenía por fin determinar el valor de todos aquellos costos fijos (fletes, seguro, gastos portuarios, de licuefacción) desde 2008 a diciembre de 2015, relacionado a todo el proceso de regasificación de gas natural licuado respecto de los buques que arribaron con dicho fluido al país, específicamente a los puertos de Bahía Blanca y Escobar”.
Cohen “insertó datos de un trabajo académico de dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile como propio y no citó ni justificó su omisión de hacerlo; utilizó como indicador al momento de calcular los precios que se debían pagar por el GNL el indicador Henry Hub a sabiendas de que ello no era comparable con el precio de mercado de GNL; omitió deliberadamente calcular la ganancia y/o prima de la exportadora de GNL a la cual debía pagarse; citó para fundar parte de su pericia a un organismo que denominó Comisión Europea de Energía, que no existe”, explica la acusación. Además, “introdujo a su pericia diversas fuentes periodísticas y de Internet, entre otras, que no citó ni justificó y/o explicó su origen, trastocando de este modo la verdad o parte de ella”.
Ese peritaje fue avalado por Bonadio, en una causa en la que intervenía también el fiscal Carlos Stornelli. El fallecido juez desplegó toda la artillería judicial sobre Cristina Kirchner, De Vido, Baratta y otros ex funcionarios imputados, pero la Cámara Federal anuló todo.
GNL fue, además, la excusa de Bonadio para quedarse con la Causa Cuadernos, justamente porque algunos de los denunciados figuraban en ambos expedientes. El juez debió haber enviado Cuadernos a sorteo, pero maniobró para apropiarse de esa investigación y todo Comodoro Py se lo consintió.
El peritaje apócrifo de Cohen sostenía que mediante la importación de gas en buques el Estado había sufrido un perjuicio de unos 6.800 millones de dólares. Pero cuando ese documento llegó en apelación, la Cámara Federal –que no tiene ninguna simpatía con el kirchnerismo- lo destrozó.
Todos los acusados quedaron con “falta de mérito” y la investigación iba directo al naufragio. Pero entonces irrumpió en escena el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, quien había trabajado en la estatal energética Enarsa. Ante el fiscal Stornelli declaró y aportó documentación sobre cuya base Bonadio volvió a envalentonarse. Stornelli asegura que no usó nada de lo que le aportó D’Alessio para revivir la acusación.
Finalmente, un nuevo peritaje (esta vez, en serio), encargado por el juez Julián Ercolini –sucesor de Bonadio tras su muerte- reveló en sus conclusiones: “En virtud de lo analizado y expuesto en la presente, se concluye y establece en definitiva que los precios abonados por Enarsa por los cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) adquiridos en el período determinado -años 2008 a 2012 ambos incluidos- se corresponden con los valores de mercado”.
Traducido: no hubo sobreprecios. Todos los acusados fueron sobreseídos en 2020.
Entonces sobrevino la contradenuncia a Cohen. De Vido, Baratta, el expresidente de Enarsa Walter Fagyas, el empresario y exministro privatizador de menemismo José Roberto Dromi y su hijo, Nicolás Dromi San Martino, fueron a por el perito y consiguieron llevarlo a juicio.
Desde la cárcel, Baratta realizó un trabajo de hormiga para determinar todas las comunicaciones que mantuvo Cohen en el lapso en el que confeccionó, presentó y respaldó su experticia falsa. Allí aparecieron contactos fluidos y frecuentes con el conmutador de Comodoro Py, con la periferia de los servicios de inteligencia y con un asesor del exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti, segundo de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri.
En el juicio aparecerán inevitablemente las dos instancias en las que Baratta dividió los hechos: “La elaboración y presentación por parte de Cohen de su falso informe pericial, que ratificó luego en declaración testimonial, y la solicitud por conocer con qué personas habló antes, durante y después de aquella presentación”.
Lo que deberá esclarecerse es si el peritaje “se motivó sólo en su total inexperiencia y desconocimiento del mercado internacional del GNL o, por el contrario, si existieron connivencias, presiones o manipulaciones para que concluyera lo que concluyó”.
Por Néstor Espósito, en Tiempo
