Este martes comienza en Salta el juicio contra Marcos Levin, expropietario de La Veloz del Norte, por el secuestro y los tormentos sufridos en 1977 por 17 trabajadores de la empresa de colectivos que habían participado en reclamos sindicales. El juicio, denominado La Veloz del Norte II, también tiene como acusados al exjefe de Personal de la empresa José Antonio Grueso y el excomisario Víctor Hugo Almirón de la Comisaría 4ª de Salta.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en el debate y también participa a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas en el acompañamiento de familiares y sobrevivientes. La audiencia comenzará a las 14.30 y podrá verse en este link.
Con la excusa de una causa iniciada por el propio Levin por una supuesta defraudación a la empresa, en enero de 1977 22 trabajadores y trabajadoras de La Veloz del Norte fueron detenidos ilegalmente en sus lugares de trabajo o sus hogares y llevados a la Comisaría 4ª de la capital provincial, donde fueron torturados. La mayoría de ellos, además, fueron despedidos.
Esta etapa de la causa abarca lo sucedido a 17 de esos trabajadores y trabajadoras: Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.
La mayoría de ellos había participado en los conflictos por los malos tratos y bajos sueldos y por incumplimiento de los acuerdos a los que llegaban en el Ministerio de Trabajo, lo que había llevado a varias huelgas.
Secuestros y torturas
Los secuestros comenzaron el 20 de enero de 1977 y se extendieron durante cuatro días. El 21 de enero, un día después de las primeras detenciones ilegales, Levin presentó una denuncia por estafa contra sus propios trabajadores que sirvió para dar cobertura legal a la persecución contra delegados y militantes sindicales.
Tras pasar unos días en la Comisaría, la mayoría de los detenidos fueron liberados, mientras que el resto fue trasladado a la Unidad Penal de Villa Las Rosas.
Como todos sobrevivieron, pudieron relatar el rol central que tuvieron Levin y su jefe de personal, Grueso, en todo el operativo. Entregaron las listas de los trabajadores a detener y los horarios de recorrido de sus colectivos, y aportaron vehículos de la empresa para trasladarlos.
Además, dieron testimonio sobre la presencia del empresario y de Grueso en la comisaría mientras los detenidos eran torturados e interrogados sobre su actividad gremial y política.
Levin mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local. Su empresa era una de las más importantes de la provincia y varios efectivos trabajaban o habían trabajado para él. Ya desde 1974 había utilizado a las fuerzas de seguridad para amedrentar y detener a quienes lo enfrentaban en el marco del conflicto sindical con la UTA-Salta.
Un agente en particular, Víctor Bocos, integraba la patota policial y era empleado de La Veloz del Norte. Él fue quien coordinó los secuestros y los interrogatorios. Sin embargo, por problemas de salud fue apartado del proceso y no integrará el debate.
Proceso largo
La denuncia contra Levín por crímenes de lesa humanidad se presentó en la justicia federal de Salta en 2008, 15 años atrás, y desde entonces la causa atravesó demoras, avances y retrocesos.
En un principio, la justicia federal de Salta consideró que la mayoría de esos delitos no eran de lesa humanidad sino “hechos aislados y ajenos a la política de represión llevada adelante durante la última dictadura militar”, por lo que se declaró competente solo para investigar un caso, el de Víctor Cobos, quien era delegado y trabajador de La Veloz.
Así, el expediente se partió en dos y se conformaron dos causas: una por los crímenes cometidos contra Cobos y otra con el resto de los hechos.
La Veloz del Norte I (Cobos) llegó a juicio en 2016. Allí, Levin recibió una pena de 12 años de prisión y se convirtió en el primer empresario condenado por su responsabilidad en el terrorismo de Estado. También fueron encontrados culpables Bocos, Almirón y el expolicía Enrique Cardozo.
Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia con el mismo argumento utilizado por la justicia federal de Salta: sostuvo que el secuestro y los tormentos sufridos por el delegado eran crímenes comunes, por lo que ya habían prescripto.
La Corte Suprema de Justicia se tomó su tiempo y cinco años después revirtió esa decisión con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, y ordenó a Casación que rectifique su fallo, algo que aún no sucedió.
Mientras tanto, las querellas y la fiscalía insistieron con el resto de las víctimas. La causa La Veloz del Norte II se reactivó en 2018, cuando la Corte anuló el fallo original que dividió el expediente y ordenó que también se investigaran como crímenes de lesa humanidad los hechos que sufrieron las otras 16 víctimas.