La movilización en el centro porteño fue desde el Obelisco al Ministerio de Justicia de la Nación donde una comitiva integrada por el dirigente de la Tupac, Coco Garfagnini, la diputada Josefina González, el sindicalista Daniel Catalano, y las dirigentes Estela Diaz y María Elena Naddeo, fueron recibidos por María Fernanda Rodriguez subsecretaria de Acceso a la Justicia, y Nicolás Negri, jefe de Gabinete de la Secretaría de Justicia.
En esa reunión se les planteó a los funcionarios nacionales la preocupación por la grave afectación de derechos esenciales en la provincia de Jujuy sobre los integrantes de la organización Tupac Amaru y el resto de la clase trabajadora. La existencia de un Estado provincial que no respeta la división de poderes y que con el Gobernador Gerardo Morales a la cabeza han iniciado una persecución judicial / política a la Tupac Amaru en particular pero a toda organización popular en general.
También se les informó detalladamente las bases de las irregularidades, se solicitó que intervengan para lograr la libertad y en caso de seguir detenidos que se les mejoren las condiciones de detención; también se solicitó que cese el hostigamiento al cual son sometidos todos los militantes, que se restablezca la personería jurídica a la organización.
Los pedidos fueron fundados en que el garante de la vigencia plena de los derechos humanos en todo el territorio nacional es el Gobierno Nacional.
Los funcionaros del área tomaron el compromiso de comenzar un diálogo con la provincia y generar una reunión con el Ministro Garavano.
La movilización y la urgente necesidad que se reviertan este accionar persecutorio y las restricciones de las libertades está argumentada además en que el hecho de que haya presos políticos en Jujuy hoy es un asunto que involucra y daña a la democracia, a la República y a todo el pueblo argentino.