En los próximos cuatro meses, un equipo de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) trabajará intensamente en la búsqueda de posibles restos de víctimas de la dictadura en Jujuy, en terrenos donde el gobierno provincial pretende construir la denominada Ciudad Judicial, en el sector bautizado como Alto Padilla II.
Integrantes del Laboratorio de Investigaciones en Derechos Humanos y Procesos Sociales en Jujuy (Lideproj), graduados y estudiantes avanzados de Antropología y Arqueología, son quienes llevan adelante las tareas ordenadas por el Juzgado Federal 2 de la provincia a través de una medida cautelar dictada a partir de una presentación de organismos de derechos humanos, que suspendió las obras que había iniciado el Ejecutivo.
El doctor en Antropología Juan Pablo Ferreiro, titular del Lideproj, docente e investigador de la UNJu, calificó estos trabajos como «una tarea inédita» porque «nunca hubo una experiencia así localmente», y señaló: «Queremos encararla como una respuesta local de la universidad de Jujuy a reclamos y problemas locales».
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Ferreiro explicó que el predio donde ya se están desarrollando los trabajos es «sumamente problemático desde el punto de vista testimonial». Es que en ese mismo sector, que corresponde al polígono de tiro del Ejército Argentino, se encontraron los restos de Dominga Álvarez de Scurta, docente detenida desaparecida por la dictadura, que fueron en un primer momento enterrados como NN hasta que en 1984 se logró su identificación tras la exhumación ordenada por la justicia.
A partir de aquel hallazgo, numerosos testimonios y denuncias indican que allí habría más cuerpos de víctimas del aparato represivo que actuó en la provincia. «Las denuncias son recurrentes y cruzadas, no es una sola. Por lo tanto, hay que investigar de qué se trata todo esto», comentó Ferreiro.
En marzo de este año, organismos de derechos humanos alertaron sobre la posibilidad de que se produzcan daños irreparables en el predio porque el Gobierno había comenzado a usar maquinaria pesada, de cara a la construcción de la Ciudad Judicial, contrariando una medida de no innovar dispuesta el 20 de enero por el juez federal Esteban Hansen. Los organismos aseguran que existe prueba documental y testimonial fehaciente que, antes y durante el terrorismo de Estado, se utilizó ese predio para el enterramiento clandestino de víctimas.
Tras la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el juez Hansen ordenó suspender los trabajos y encomendó la tarea de búsqueda a los especialistas de la UNJu. El pedido tiene que ver con que el Lideproj es auxiliar de la justicia. «Investigamos lo que la justicia nos pide, adonde la justicia nos indica, y nuestro desarrollo metodológico y la aplicación de metodología está sujeto a la aprobación de la justicia», precisó el especialista.
En principio, los trabajos iban a ser financiados por el Consejo de la Magistratura. «En algún momento la justicia federal local decidió que eso no era viable, o era problemático -continuó el antropólogo-, entonces le solicitó a la universidad que busque fondos, y apareció la provincia como la aportadora».
Hay dos equipos que ya comenzaron con el relevamiento. Ferreiro detalló que están quienes se dedican a la búsqueda documental y de testimonios que aún no fueron judicializados, mientras otro grupo trabaja directamente en el campo desplegando diversas técnicas arqueológicas.
A las cerca de 15 personas que integran el laboratorio, se sumaron más especialistas hasta casi duplicar ese número. «Todo el tiempo está acercándose más gente, tanto graduados jóvenes como estudiantes avanzados», comentó Ferreiro, y aclaró: «Nuestra tarea es eminentemente técnica; no vamos a hacer nada que no haya sido planteado de alguna forma o luchado durante más de cuatro décadas por los organismos de derechos humanos».
La información documental y testimonial, las denuncias y sospechas, se van a cruzar con lo que se encuentre en el campo. «Los antropólogos estamos haciendo la lectura del material y les proveemos a los arqueólogos las hipótesis de trabajo en campo, sugiriendo o pidiéndoles que identifiquen lugares», indicó Ferreiro.
En el lugar, se empieza con drones de reconocimiento que, a través de un software específico, permiten detectar, por ejemplo, si hubo modificaciones sustantivas del terreno, si hubo o hay algún tipo de excavación o de estructura. Allí están trabajando unas 15 personas, mientras comenzaron las tareas de desmalezamiento.
En los terrenos en cuestión funcionaba en el pasado un campo de entrenamiento de tiro de la tropa. Sin embargo, hay denuncias de que el lugar utilizado como un campo de exterminio y entierro de detenidos ejecutados. También hay informaciones que señalan que puede haber sido un centro de detención provisoria.
Al estar el procedimiento en manos de la justicia, la información disponible es escasa. Ni el Gobierno provincial ni el juzgado federal precisaron el lugar exacto donde se desarrollan los trabajos. En total, son cerca de 50 hectáreas que estarán bajo estudio por los próximos cuatro meses, que es el tiempo para el que el Gobierno provincial comprometió el financiamiento para una primera etapa.
Si se encuentran restos humanos, de inmediato se convocará al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). «Ellos son los expertos mundiales. Nosotros estamos en condiciones de hacer rescate de restos, la preservación y una primera etapa de conservación y guarda, pero acá tiene que intervenir el EAAF y en algún momento la antropología forense», aclaró Ferreiro.
El especialista comentó que, si bien la búsqueda está centrada en víctimas de la dictadura, pueden producirse hallazgos de restos arqueológicos, inclusive humanos, de tumbas coloniales del siglo XIX. De todos modos, planteó: «Ojalá podamos dar con restos de víctimas porque ese es el reclamo de los organismos y estamos para eso».
A pesar de que el acuerdo está acotado a 120 días de trabajo, si llegaran a encontrarse elementos vinculados con víctimas de la dictadura, la obra se mantendría paralizada y la justicia deberá determinar los pasos a seguir.
Otro punto donde los organismos de derechos humanos reclamaron que se detengan obras es el Cabildo provincial, donde el Gobierno inició la construcción de un paseo llevándose por delante instalaciones donde funcionó el centro de detención Comando Radioeléctrico. Consultado sobre esta cuestión, Ferreiro aclaró que la UNJu no participó del caso. «Esa es una situación muy compleja en la que no sé si se pueda obtener algún tipo de evidencia material -apuntó-. Nosotros decidimos no participar ahí porque no es posible trabajar sobre tierra arrasada».
Realizarán trabajos de prospección en busca de restos de víctimas de la dictadura en Jujuy