El fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe opinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido en Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños y exagentes de inteligencia debe tramitarse ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.
Así lo había pedido Pablo Yadarola, uno de los jueces voladores que apeló la decisión de primera instancia rechazando la mudanza del expediente al edificio de Retiro.
No es la primera vez en la que el fiscal ante la Cámara le hace un favor a los amigos del macrismo. El año pasado se opuso a la investigación sobre Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, los jueces que visitaban a Mauricio Macri para no profundizar «la esmerilada dignidad del Poder Judicial».
La opinión de Agüero Iturbe quedó plasmada en un dictamen que ahora deberá evaluar el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah.
«En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio», sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en su dictamen de siete páginas.
El fiscal recordó que en la imputación formulada por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, se reseñó la «existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara».
«A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa», había sostenido la fiscal federal del distrito patagónico.
La causa tramita por ahora ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén.