El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por El Submarino Jujuy. Apenas seis meses después de haber asumido la presidencia de Bolivia bajo la promesa de una «prosperidad capitalista para todos», el gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta una sublevación popular de magnitudes históricas.
Lo que la actual gestión intentó presentar como un programa técnico de estabilización –gatillado por un severo «gasolinazo» del 100% y la adulteración del combustible circulante– terminó destapando una crisis estructural profunda. No se trata solo del descontento por el precio de los combustibles: es un plan de ajuste de corte neoliberal en un contexto marcado por un entramado de poderes fácticos corporativos que asfixian la economía nacional, destruyen el empleo y fugan los recursos del país.
Bolivia: continúan los enfrentamientos populares contra los guardianes del Estado. Los estallidos comenzaron para acabar con una medida neoliberal y ha escalado hacia el intento de derrocamiento del gobierno.
Si el abajo se mueve todo el arriba tiembla. pic.twitter.com/6dmlxb3JX8
— Periódico Anarquía (@anarquia_p) May 25, 2026
Gasolinazo, inflación y parálisis urbana
La escasez crónica de diésel y la posterior devaluación encubierta de los combustibles encendieron la mecha en los principales centros urbanos. El malestar se exacerbó cuando el combustible comenzó a venderse adulterado –bautizado popularmente como «gasolina basura»–, dañando el parque automotor de miles de transportistas y trabajadores particulares.
Este descontento conectó de inmediato con una inflación que ya supera los 14 puntos, rompiendo la estabilidad macroeconómica que el país ostentó durante casi dos décadas.
La respuesta del tejido social fue contundente. Una histórica marcha de comunidades indígenas partió desde las regiones amazónicas de Pando y Beni, caminando durante 29 días hasta La Paz, donde confluyó con la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros.
El 1° de mayo se decretó un paro nacional indefinido y un bloqueo de rutas provocando en las ciudades un desabastecimiento que golpea a la clase media urbana, un sector tradicionalmente ajeno a las dinámicas de movilización popular.
Los poderes fácticos
Para comprender el trasfondo de la situación boliviana, es preciso considerar el rol de las seis corporaciones de poder que operan de manera subterránea y legal en el país.
Cooperativas mineras: Lejos de responder a su origen de subsistencia artesanal, actúan hoy como un disfraz de corporaciones internacionales para evadir controles ambientales y fiscales, extrayendo oro y minerales estratégicos sin dejar regalías significativas.
Agroindustria: Concentrado principalmente en el oriente boliviano, este sector presiona de forma constante por la mercantilización de la tierra (como pretendía la polémica Ley 1720) y la liberación irrestricta de exportaciones.
Entre este sector y el minero cooperativista, se calcula una fuga de capitales que extrae cerca de 15 millones de dólares anuales fuera del circuito financiero nacional.
Clanes del contrabando: Estas redes criminales han tomado el control de los mercados de consumo. Al inundar el país con productos extranjeros sin aranceles, quiebran a la industria manufacturera y de producción nacional, clausurando la principal vía de generación de empleo genuino.
Banca y capital financiero: Son los principales sectores beneficiados por las recientes medidas gubernamentales de liberación impositiva a las transacciones y las grandes fortunas, que resguardan las utilidades de las élites mientras restringen el acceso al crédito para los pequeños productores.
Medios de comunicación: El mainstream comunicacional opera como el brazo ideológico y de blindaje de la gestión de Paz Pereira, reduciendo el conflicto a una supuesta «convulsión interna coordinada por Evo Morales», invisibilizando las demandas legítimas del pueblo llano e indígena.
Carteles del narcotráfico: Se trata de un poder fáctico transversal que infiltra economías locales, contamina los circuitos de divisas y aprovecha la desregularización estatal para consolidar territorios de impunidad.
Represión y ceguera histórica
Frente a los bloqueos de rutas en La Paz, Oruro y Cochabamba, el Palacio Quemado ha optado por una peligrosa deriva represiva. El Ministerio de Defensa denunció la supuesta presencia de «grupos irregulares con armamento bélico», una retórica utilizada para justificar la militarización y la criminalización de la protesta a través de leyes antibloqueos.
Organismos de derechos humanos ya constatan casos de torturas entre el centenar de detenidos políticos en el centro de detención transitorio que funciona en la calle Sucre de La Paz.
Cada pueblo escoge su propia lucha ó prefiere ser esclavo a su conveniencia con migajas, el pueblo Boliviano escogió lo primero, aunque el sacrificio es grande y se puede morir, pero morir siendo esclavo no lo quizo aceptar el pueblo de Bolivia y se levantó contra el opresor. pic.twitter.com/XT31GgsGzs
— El Fantasma (@AlTopeyPunto891) May 25, 2026
En tanto, el Ejecutivo intenta maquillar la crisis con cambios cosméticos en el gabinete (como el relevo del Ministro de Trabajo) y la convocatoria a un «Consejo Económico Social» para entablar diálogos, mientras se empieza a hablar de una posible declaración de Estado de Sitio.
Sin embargo, analistas internacionales advierten que el verdadero obstáculo del gobierno es la matriz ideológica de sus funcionarios. Se trata de un gabinete compuesto por figuras de la derecha tradicional blanca y patriarcal, que pasaron las últimas dos décadas fuera del poder y que desconocen por completo a la «nueva Bolivia»: un país donde los movimientos indígenas, campesinos y sindicales están profundamente empoderados y organizados desde las bases.
Por otro lado, es insoslayable el componente racista que perdura en parte de la población y del discurso público, pese a la equiparación de ciudadanía que implicaron las leyes puestas en vigencia durante los gobiernos de Evo Morales.
De hecho, y a diferencia de aquellos años, en la actualidad no hay funcionarios –en ningún nivel– que provenga de pueblos originarios. Por esta razón, a los reclamos que se plantean hacia el gobierno de Paz se suma la demanda de espacios de representación de las comunidades en el gobierno federal.
A diferencia de crisis anteriores, en las que participaron de planes desestabilizadores, el poder económico y las cúpulas de las fuerzas de seguridad se mantienen hoy al lado del presidente Paz Pereira. Esto reduce las posibilidades de una salida negociada y empuja al país hacia un escenario de extrema inestabilidad de largo aliento.
El espejo regional
El conflicto en Bolivia no pasa inadvertido en el continente. La derecha regional lo observa con atención, temiendo un «efecto contagio» hacia movimientos sociales y populares de otros países que ponga en jaque las agendas de ajuste estructural que se intentan consolidar en la región.
El escenario muestra que mientras Paz Pereira busca asilo político discursivo acusando al MAS de «vandalismo», las asambleas vecinales y las bases sindicales rebasan a sus propias dirigencias, demostrando que la indignación popular responde a una necesidad de supervivencia biológica y soberana frente al saqueo corporativo.
La pregunta es si Bolivia podrá constituirse, en este segundo cuarto de siglo, en la punta de lanza de la resistencia social en América Latina.
