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El Movimiento Pluricultural Comunitario (MPC) de Jujuy se suma al reclamo de comunidades de todo el país para que esta semana el Congreso Nacional prorrogue una vez más la Emergencia Territorial Indígena, declarada en 2006 a través de la ley 26.160, que es de aplicación nacional y obligatoria.
Sancionada en 2006, la ley nacional 26.160 estableció la Emergencia Territorial Indígena y suspendió por cuatro años los desalojos de comunidades originarias de los territorios que habitan o reclaman, a la vez que ordenó que se realizara un Relevamiento Territorial en Comunidades Indígenas (Reteci). Luego de dos prórrogas, en noviembre próximo vence el plazo para que se concreten los objetivos, algo que está bien lejos de ocurrir.
Por esta razón, comunidades originarias y organizaciones indigenistas de todo el país reclaman una nueva prórroga, para evitar los desalojos. Y vuelven a pedir el respeto por las tierras ancestrales que ocupan, el cese de la persecución y el respeto a su cosmovisión.
Uno de los referentes del MPC, Armando Quispe, explicó a El Submarino Radio (91.5): “En noviembre de este año se estaría venciendo la segunda prórroga, lo cual dejaría a las comunidades sin frente a los desalojos, sobre todo en el contexto que estamos viviendo”.
En este sentido, Quispe señaló: “El tema mapuche está visibilizado en todos los medios, pero a lo largo y a lo ancho de la Argentina existen situaciones muy parecidas, incluso peores, como nos ha tocado vivir en Jujuy en las últimas semanas”.
Se refería a los ataques sufridos por líderes comunitarios de parte de terratenientes. En la zona de Volcán, la muerte de animales de la comunidad Antigal-Tilian a manos de un integrante de la familia Bárcena llevó a los comuneros a cortar la ruta 9 y marchar a comienzos de agosto hasta la Casa de Gobierno para denunciar las agresiones y alertar que el objetivo es desalojarlos de las tierras que ocupan. Días después, Néstor Jerez, el cacique de la comunidad de Tilquiza, del Pueblo Ocloya, fue atacado por dos hombres, con disparos incluidos, situación que también provocó una marcha hasta el centro de la capital provincial.
“Con la madurez política y jurídica que los pueblos han alcanzado en los últimos tiempos, aunque tenemos más necesidades, en el contexto político en el que nos encontramos hoy solamente pedimos la prórroga de la ley”, explicó Quispe, y agregó: “Somos conscientes de la cuestión política, sabemos que quienes están hoy en el poder es obvio que tienen la balanza a favor de los terratenientes, de los que más tienen”.
Respecto de esas otras necesidades y reivindicaciones que, al menos por ahora, están dejando a un costado, detalló: “El nuevo Código Civil, en el artículo 18, prevé y reconoce la propiedad comunitaria, para lo cual se manda a hacer una ley especial. Esa ley se debatió hace más de tres años y hace más de dos años está en el Congreso de la Nación, pero nunca se ha debatido”.
Así las cosas, las comunidades hoy reclaman que los senadores y diputados aprueben la prórroga de la suspensión de los desalojos. “Veremos más adelante cómo avanzamos, pero por ahora hay que resguardar los derechos que hoy tienen las comunidades”, afirmó Quispe, y advirtió: “Si ya existiendo esta ley están pasando muchas cosas, imagínese cuando no esté la ley”.
Recordó luego que el año pasado el gobierno nacional modificó a través de un decreto el régimen de venta de tierras a los extranjeros, eliminando los límites que se le imponían. “Las comunidades y todos los argentinos quedamos expuestos a que su tierra, el día de mañana, se pueda vender a los extranjeros, y así el estado argentino pierda su soberanía”, indicó.
Elecciones
Como ya lo hizo en 2015, el Movimiento Pluricultural Comunitario volverá a presentarse a las elecciones legislativas de octubre con candidatos propios. Llevarán candidatos a diputados provinciales, concejales y vocales de comisiones municipales, en 14 distritos electorales de Jujuy.
