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Las bancadas opositoras lograron el quórum y con 156 votos a favor, 52 en contra y seis abstenciones rechazaron el decreto que le otorgó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la SIDE. El Gobierno había intentado presionar a sus gobernadores aliados para evitar otra derrota en el Congreso.
El revés sufrido por el oficialismo este miércoles se suma al que padeció ayer cuando el radical Martín Lousteau se quedó con la presidencia de la Bicameral de Inteligencia, lo que se interpreta como dos golpes seguidos para Santiago Caputo en el Congreso.
El rechazo al DNU sobre la SIDE fue protagonizado por los diputados de Encuentro Federal, Unión por la Patria, la CC-ARI, los radicales y varios del PRO. Ahora el decreto será debatido en el Senado. Hasta entonces, continúa vigente.
El diputado nacional de la UCR Pablo Juliano celebró que la Cámara baja haya rechazado el Decreto 656. El legislador radical cercano a Facundo Manes fue quien leyó la moción para que se votara la declaración de rechazo al DNU, que quedó aprobada con 156 votos afirmativos, 52 negativos y seis abstenciones.
“Es inmoral que el gobierno diga que no hay plata para jubilados y docentes pero sí para el espionaje”, consideró Juliano.
Luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados la declaración de rechazo al DNU 656 que multiplicó el presupuesto para gastos reservados de la SIDE, se sometió a votación la inclusión en el tratamiento de la sesión el proyecto que apunta a declarar la nulidad del decreto, pero no obtuvo la mayoría especial necesaria.
Se requerían las dos terceras partes de los votos de los presentes para poder tratar sobre tablas sin dictamen, dado que la iniciativa que tiene como autores a Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) tenía giro a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó sin éxito someter a votación una moción para definir qué tipo de mayoría es necesaria para poder rechazar el DNU 656 del Poder Ejecutivo sobre los gastos reservados de la SIDE.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, interpretó que el decreto, al no llegar al recinto con dictamen de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, se debía considerar como un tratamiento “sobre tablas”, lo cual requeriría una mayoría especial de las tres cuartas partes de los presentes.
