Las medidas de fuerza consistieron en asambleas permanentes en algunas reparticiones, mientras que en otras, la modalidad fue directamente la del paro sin asistencia a los lugares de trabajo.
Los trabajadores nucleados en ATE reclaman el pago y la continuidad laboral de los más de 700 despedidos del Ministerio de Educación, así como también la reincorporación inmediata de todos los despedidos nacionales, provinciales y municipales de Jujuy.
Otra de las exigencias es un aumento salarial del 40 por ciento, ya que el gobierno provincial impuso unilateralmente una paritaria del 22 por ciento, cifra que ha sido superada por la inflación de estos primeros meses del año. En esta línea, desde ATE exigen que el salario mínimo sea equivalente al costo de la canasta básica, que en Jujuy ronda los 17 mil pesos.
Uno de los reclamos más antiguos, aún sin respuesta, es el del cumplimiento de las actas firmadas con el Ejecutivo provincial en los años 2013 y 2014, referidas a la desprecarización de todos los trabajadores estatales de Jujuy.
Repudian además el contexto de criminalización y judicialización de la protesta social que se ha instalado en la provincia.
En el interior, las localidades donde más se hizo sentir la medida de fuerza fueron San Pedro, donde hubo un acatamiento del 90 por ciento, según informaron dirigentes y delegados de ATE que recorrieron las escuelas y las reparticiones públicas de esa localidad, y La Quiaca, donde se realizaron protestas en las escuelas y una movilización hacia el edificio municipal.