La agrupación Hijos-Jujuy actúa en este juicio como querellante. Su referente, Eva Arroyo, comentó en diálogo con El Submarino: “Es la primera vez que vamos a participar como querellantes, por el caso de Armando Tilca, que era un dirigente de Minetti, un reconocido compañero que hoy está en condición de desaparecido y fue trasladado en ese vuelo”.
El título de la causa es «Marengo I y Marengo II», en referencia al coronel del Ejército (RE) Horacio Domingo Marengo, el único militar de entre los trece procesados, en su mayoría agentes penitenciarios. El retraso en el inicio de este juicio, que sufrió dos postergaciones, se debió a que en un principio la causa se instruyó solo por Marengo, el militar que dirigía el operativo de traslado, y luego la imputación se amplió a todos los que participaron del vuelo.
El traslado se produjo en octubre de 1976, cuando un grupo de personas que permanecían detenidas ilegalmente en el penal de Gorriti fueron llevadas a la Unidad 9 de La Plata, y otro grupo a la cárcel de Devoto, en la Capital Federal.
En total, fueron 93 hombres y mujeres que durante el viaje fueron golpeados y torturados por los represores a cargo del operativo. “Esta era una práctica común dentro del sistema represivo ‒explica Arroyo‒. Entre septiembre y octubre de ese año hubo traslados de todo el país a los servicios penitenciarios nacionales, y en todos hacían lo mismo: someterlos a tormentos”.
Los imputados son, además de Marengo, Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo César Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc, la mayoría agentes penitenciarios.
Están acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos.
La controversia por los testimonios
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla (presidente de trámite), Marcelo Juárez Almaráz y Federico Díaz, determinó que se tomarán todas las declaraciones testimoniales, por lo que se espera que este juicio sea más prolongado que los anteriores.
Los organismos de derechos humanos, a pesar de celebrar el inicio de este proceso, no están del todo conformes con esta decisión del Tribunal. “Hay gran preocupación por el criterio que está utilizando porque hay un acordada que estipula o sugiere cómo deben ser tratados los testigos y cómo deben ser utilizadas las testimoniales, porque para los testigos es muy desgastante volver a declarar”, señala Arroyo, y explica: “Los testimonios del primero y segundo juicio supuestamente se incorporarán por video, y los de quienes ya fallecieron están por escrito”.
En este sentido, afirma que le parece “un delirio” llevar ocho testimoniales por día, y llama la atención sobre algunas debilidades del sistema en lo que concierne al trato de los testigos en la provincia: “La Secretaría de Derechos Humanos venía trabajando bien, pero se hizo una reestructuración. El programa de Red de Justicia no tiene una persona designada en Jujuy, cuando aquí las causas tienen características especiales porque tienen que ver con el poder político”.
Arroyo señala una diferencia: “En los dos juicios anteriores se pudo conversar de este tema, pero en este no hay escucha”. Advierte que “no se puede someter a todos a seis horas escuchando ocho testimonios”, y se lamenta de que el Tribunal no haya aceptado el pedido de que se realicen dos audiencias semanales.