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La Cámara de Diputados de Jujuy votó la Ley N° 6.153, y autoriza al gobierno a tomar un préstamo por 6 mil millones de pesos de Jujuy del Fondo Fiduciario de Desarrollo para las Provincias que destinó 60 mil millones de pesos para todas las jurisdicciones.
La solicitud de asistencia financiera al Estado Nacional es para hacer frente al pago de sueldos y proveedores del Estado. El oficialismo, Cambia Jujuy necesitó de la ayuda de algunos diputados del justicialismo para no caer en default.
Cabe resaltar que el interbloque oficialista tiene 28 votos y sumaron los de Rubén Rivarola, Alfredo Gerry, Luis Cabana, Pedro Belizán, Lilliana Beatriz Fellner y Fernando Posadas.
Otros legisladores de la oposición, algunos peronistas y del Frente de Izquierda de los Trabajadores, con duras críticas al gobierno, rechazaron la toma del préstamo.
Comisión especial para el seguimiento de la deuda de Jujuy
Por otra parte, los distintos bloques de la Legislatura de Jujuy conformarán una comisión especial para revisar la deuda de la provincia de Jujuy. Estará integrada por siete miembros, representantes de los distintos bloques políticos.
También dieron el visto bueno a un decreto acuerdo firmado por el gobernador de la provincia, Gerardo Rubén Morales y sus ministros que estableció un tope salarial en la administración pública de manera que nadie, salvo quienes se desempeñan en el área de salud, seguridad y educación, pueda percibir remuneraciones superiores a los 100 mil pesos.
Ley «antidespidos» en la administración pública
Impulsado por el diputado del PJ y secretario general de UPCN en Jujuy, Luis Cabana, se aprobó la ley que impide los despidos en el marco de la administración pública. Lo trataron sobre tablas. Fue acompañado por el bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores.
La nueva ley 6.154, también contempla a los municipios y comisiones municipales de la provincia.
A partir de las medidas internacionales vinculadas a la preservación del empleo en un contexto de crisis sanitaria a raíz del coronavirus, es que los legisladores consideraron que se debía resguardar el empleo de los jujeños que se desempeñan en la administración pública provincial, como así también en municipios y comisiones municipales.
