Los concejales capitalinos del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Keila Zequeiros y Guillermo Alemán presentaron un proyecto de ordenanza para que se derogue la tasa vial, cuyo objetivo es financiar un plan de pavimentación que “beneficia a empresas privadas y no llega a cubrir las necesidades urgentes de la ciudad”.
La tasa vial está por cumplir un año de aplicación. Fue sancionada en el marco de la declaración de la emergencia por los fuertes temporales del 2024, que dejaron al descubierto el lamentable estado de la infraestructura de la red vial de la ciudad y sus barrios más populares.
Mediante esta Tasa, cualquier vecino, con auto, moto o cualquier máquina que deba cargar combustible para funcionar, en cualquiera de los 21 expendedores de combustible de San Salvador de Jujuy, paga un porcentaje que iría a un fondo administrado por el Intendente y con el cual, se destinarían recursos para la reparación de las calles y avenidas de la ciudad. El mismo empezó a ser cobrado a partir del 31 de mayo de 2024.
Este pago, de por si odioso, para decenas de miles que dependen de sus automóviles o motocicletas para poder trabajar o hacer trámites, sienten que es más odioso aún al conocer que no todos están obligados a pagarla; grandes empresarios que cargaran de 3.000 litros o más, están exentos.
Como no podía ser de otra manera, las empresas del transporte urbano de pasajeros también están exentas, las mismas que hacen viajar a gran parte de la población en condiciones lamentables.
Por otro lado, la Ordenanza que establece la Tasa Vial, dictada que el Intendente debería presentar un informe que dé cuenta del estado del plan de pavimentación que se financia con el cobro de la tasa.
Solo se presentó un informe en el mes de noviembre de 2024 con escueta información, parcial e incompleta.
A la fecha, la intendencia sigue faltando a esta ordenanza, ya que no presentó el segundo informe que debería haber sido público en el mes de febrero del corriente año.
Zequeiros señaló que «desde las bancas del FIT-U, rechazamos el cobro de esta nueva tasa desde el primer momento, ya que hace recaer sobre la mayor parte de la población trabajadora, acosada por una situación económica cada vez más difícil, a la vez que deja por fuera a los sectores con mayores ingresos de la Ciudad. Los planes de repavimentación, basados en la tasa vial, llevaron a pedir un pedido de préstamo que se estableció a través de un convenio con el gobierno provincial, donde se habilita a llevar adelante las obras de pavimentación con empresas privadas, que costaría hasta el triple de precio, de lo que saldría si lo haría el municipio, como reconoció Daniel Sosa, director de Obras Públicas».
Por su parte, Alemán dijo que «existe una alternativa para solucionar el problema de la infraestructura vial de la ciudad, sin esquilmar al pueblo trabajador, que ya paga el combustible con precios dolarizados y salarios de pobreza. Se puede proponer un esquema fiscal que se base en impuestos a las empresas más concentradas que operan en la provincia como las mineras, tabacaleras o ingenios azucareros. Ahí están los fondos para un plan de obras públicas que repare y potencie la red vial de la ciudad y sus barrios. Una comisión de trabajadores, vecinos y profesionales del sector, podría hacerse cargo de planificar las obras necesarias, teniendo en cuenta las necesidades sociales de los barrios y la ciudad».