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Por primera vez en la historia argentina, la Justicia reconoció el abandono de niñas, niños y adolescentes como delito de lesa humanidad. Fue en el fallo en el que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó condenas de hasta 18 años de prisión para tres expolicías y un exsecretario judicial por crímenes cometidos en 1980, durante la última dictadura cívico militar.
El Tribunal marcó un hito sin precedentes en la jurisprudencia argentina al dictar sentencia en la causa conocida como Laguna Paiva II. En un fallo histórico, los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano determinaron que el abandono sistemático al que fueron sometidos los hijos e hijas de trabajadores secuestrados durante la última dictadura militar constituye un delito de lesa humanidad ejercido de manera autónoma.
En el juicio se ventilaron las acciones represivas cometidas entre febrero y mayo de 1980 contra obreros, militantes y sus entornos familiares en las localidades santafesinas de Laguna Paiva, Nelson, Esperanza, Santa Fe y Esteban Rams, y la bonaerense Lima.
La mayoría de niños y niñas víctimas tenían entre 1 y 14 años al momento de los operativos, quedando solas, sin adultos a cargo o sufriendo abusos y privaciones tras el secuestro de sus padres. El veredicto cobra valor por considerarse un reconocimiento del abandono como delito de lesa humanidad. Las víctimas y sobrevivientes esperaron por ello por más de 46 años.
Las condenas
Los imputados fueron hallados culpables de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y abandono de personas en perjuicio de menores, todos encuadrados como crímenes imprescriptibles en el marco de un ataque sistemático contra la población civil.
- Antonio Parvellotti, exsubjefe del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe: condenado a 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Era el único imputado sin condenas previas.
- Eduardo Enrique Riuli, exoficial ayudante de la D-2: recibió 15 años de prisión, que tras unificarse con una condena anterior de 2021 pasó a 18 años de prisión.
- Víctor Hermes Brusa, exsecretario del Juzgado Federal de Santa Fe y luego juez federal en democracia: condenado a 14 años de prisión, fijándose una pena unificada de 25 años al contemplar sentencias previas de 2014, 2017 y 2022.
- Oscar Alberto Cayetano Valdez, abogado y expolicía: condenado a 9 años de prisión, pena que al unificarse con su antecedentes previos quedó en prisión perpetua.
El quinto imputado original, Fernando Sebastián Mendoza, exjefe de la Comisaría XIII de Laguna Paiva, falleció antes del inicio del juicio oral.
Aunque los condenados mantienen la modalidad de prisión domiciliaria, las querellas –representadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)– anticiparon que solicitarán la revisión médica y técnica para exigir el cumplimiento en cárcel común.
Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el próximo 7 de septiembre.
El ataque a las familias obreras de Laguna Paiva
La investigación judicial puso foco en el entramado represivo desplegado contra la estructura sindical y política ligada al frigorífico de Nelson y a los talleres ferroviarios de Laguna Paiva, particularmente en la persecución a la familia de Arnaldo Catalino Páez, referente gremial y militante del PRT.
Durante los operativos ilegales de 1980, la represión no solo persiguió a los trabajadores, sino que desarticuló sus núcleos familiares completos. En las audiencias se reconstruyeron dramáticos testimonios: en uno de los casos, un bebé de un año y medio quedó al cuidado de su hermana de 13 años, quien debió hacerse cargo de sus cinco hermanos menores tras el secuestro de sus padres.
En la puerta de los tribunales santafesinos, sobrevivientes, familiares y referentes de organismos de derechos humanos celebraron la sentencia como una reparación clave tras más de cuatro décadas de espera. Federico Pagliero, abogado querellante del equipo jurídico de la APDH, destacó que el veredicto «marca un precedente a nivel nacional al reconocer por primera vez que el abandono de las infancias fue parte del terrorismo de Estado contra la clase trabajadora».
Entre las voces de la jornada se escucharon las de Mario Páez, secuestrado junto a sus padres cuando tenía 14 años, y sus hermanos más chicos, «Pato» y María. Esta última, que estaba en el vientre de su madre durante la detención ilegal, expresó: «Me convertí en la vocera de mi madre y mi hermana. Gracias a ellas pudimos reconstruir nuestra historia, la parte horrible que hoy por fin tiene una sentencia esperada durante muchísimos años».
