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Un empresario gastronómico de 45 años, identificado como Daniel Juárez, recibió una pena de 35 años de prisión tras ser hallado culpable de cometer severos delitos contra la integridad sexual de cuatro menores, entre los que figuran dos de sus hijos. A pesar de la contundencia de la pena dictada por el Tribunal en lo Criminal, el imputado no pisará un penal por el momento, ya que los magistrados rechazaron la solicitud de la fiscalía para revocar su arresto domiciliario.
El fallo dejó al descubierto una discrepancia central entre el juzgado y el Ministerio Público de la Acusación. A penas escuchada la sentencia, la fiscal María Emilia Curten Haquim reclamó la quita inmediata del beneficio domiciliario y el encierro efectivo del acusado en un pabellón. No obstante, los jueces Mario Ramón Puig, Martín de Athayde Moncorvo y Elio Luciano Yapura decidieron mantener las condiciones actuales de detención en su vivienda particular hasta tanto el fallo adquiera firmeza procesal.
Años de ultrajes y graves imputaciones
La causa reconstruyó un extenso patrón de agresiones perpetradas entre 2013 y 2024. Las pruebas ventiladas a lo largo de las audiencias permitieron dar por probada la responsabilidad del comerciante en episodios de abuso sexual gravemente ultrajante —agravado por la convivencia, la guarda y el lazo familiar—, corrupción de menores y agresiones sexuales simples.
El expediente también acumuló cargos por amenazas coactivas, agravadas en ciertos episodios por la utilización de armas de fuego. A este cuadro sumaron delitos vinculados a la generación de material explícito sobre genitalidad de menores de 18 años y la tenencia de material pornográfico infantil, configurando un concurso de delitos que derivó en la máxima sanción requerida por la fiscalía de Violencia de Género N° 3.
