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La Cámara Civil y Comercial de Jujuy condenó al Estado provincial a indemnizar a una mujer policía que fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero con grado jerárquico superior mientras cumplía servicio en una seccional en abril de 2020.
La reciente sentencia judicial establece que el Gobierno de Jujuy deberá abonar a la víctima la suma de $50 millones de pesos en concepto de reparación por daños y perjuicios. El fallo civil complementa una sentencia previa de la Justicia Laboral.
«Fue una reparación integral”, consideró Carlos Sebastián Espada, abogado de la querella.
Los Antecedentes y la Condena Penal
El ataque ocurrió en abril de 2020 en un destacamento policial cercano a la ciudad de Fraile Pintado, mientras la agente se encontraba en funciones.
En el ámbito penal, el Tribunal Criminal condenó al agresor en 2022 a 10 años de prisión efectiva, más inhabilitación especial perpetua, tras ser hallado culpable del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un miembro de las fuerzas policiales».
Fundamentos: Falta de Servicio y Perspectiva de Género
El fallo de la Cámara Civil y Comercial se sustentó principalmente en la responsabilidad objetiva del Estado por el accionar de sus empleados y la omisión de su rol como garante de seguridad.
- Incumplimiento del Deber de Seguridad: La justicia determinó que existió una «falta de servicio» por parte de la fuerza policial, la cual tenía el deber ineludible de garantizar la seguridad e integridad física de la agente mientras se encontraba en cumplimiento de sus funciones dentro de una dependencia estatal.
- Violencia Institucional: Además, la condena aplicó una clara perspectiva de género, considerando el abuso como un acto de violencia institucional agravado por la relación de poder jerárquico entre el agresor y la víctima, lo que obligaba al Estado a actuar con debida diligencia para prevenir y sancionar este tipo de hechos, en consonancia con tratados internacionales como la Convención de Belem do Pará.
- Reparación Complementaria: La indemnización de $50 millones buscó resarcir principalmente el daño moral (sufrimiento y secuelas extrapatrimoniales), rubro que no había sido cubierto completamente por la sentencia previa del fuero laboral, la cual se había centrado en la incapacidad física y psicológica como «accidente de trabajo».
El Doble Reclamo contra el Estado
Carlos Sebastián Espada, representante legal de la víctima, explicó la doble vía de reclamo contra el Estado:
- 1. Vía Laboral (2022): «La Sala Segunda del Tribunal del Trabajo consideró que este hecho, como fue en el marco del ejercicio de funciones, constituía un accidente de trabajo y condenó al Estado provincial a la reparación de la víctima en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo», precisó.
- 2. Vía Civil (Actual): «Promovimos una demanda civil porque consideramos que había algunos rubros que no habían sido resarcidos. Reclamamos al Estado provincial, también en su calidad de garante, de empleador y en cumplimiento del deber de seguridad», detalló el letrado.
Espada concluyó que el fallo civil, con su perspectiva de género, apunta a una «reparación integral» de la mujer policía.
