El pasado 10 de junio la Comisión Investigadora concluyó que las protestas que se realizaron el 30 de septiembre de 2010, eran parte de un golpe de Estado planificado por actores políticos y económicos.
Uno de los miembros del organismo, Oscar Bonilla, aseguró que “los responsables son actores políticos, organizaciones de militares y policías en servicio pasivo, sectores de la Policía y miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos, los poderes fácticos locales vinculados con poderes internacionales que planificaron los hechos también fuera del país”.
La investigación expone también «la intervención de actores económicos dentro y fuera del país, interesados en interferir en los procesos de transformación estructural del Estado que inició el régimen del izquierdista Rafael Correa» y que esta desestabilización no estuvo aislada de los procesos antidemocráticos registrados en la región.
El 30 de septiembre de 2010 ocurrió una sublevación policial por presuntos reclamos gremiales. El presidente Rafael Correa fue retenido por más de diez horas en el Hospital de la Policía y su liberación se logró gracias a la intervención del Ejército.
Según el Ministerio del Interior, más de 900 policías fueron sancionados administrativamente y al menos 130 tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en la intentona golpista.